Inaceptable. Contra todo pronóstico moralista, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso extraordinario de revisión presentado por el sentenciado Roberto Torres Gonzáles, restituyéndolo en el cargo de alcalde de Chiclayo.

Así quedó establecido a través de la Resolución N° 968-2012 - JNE, con la cual se dejó sin efecto la credencial otorgada a Elizabeth Montenegro Dávila, primera regidora que asumió provisionalmente el cargo de alcaldesa de la Municipalidad de Chiclayo.

Este acuerdo del pleno del JNE se dio por mayoría y no por unanimidad, siendo el resultado 3 votos contra 2 y no 4 a 1 como se voceaba en la víspera; incluso el titular del organismo electoral Hugo Sivina emitió su voto infundado, dejando suscrita una crítica a la resolución del juez civil Óscar Tenorio Torres, con la cual se favoreció al condenado alcalde.

“Resulta cuestionable y contrario a la estructura orgánica y jerarquía jurisdiccional, que un órgano constitucional de primera instancia (Tenorio) se encuentre legitimado normativamente para dejar sin efecto una sentencia firme emitida por un superior jerárquico y el agotamiento de vía previa”, manifiesta en su voto.

No obstante, el pleno del JNE dispuso también que se remita a la Fiscalía Suprema de Control Interno y a la Oficina de Control de la Magistratura, lo resuelto por la titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Yolanda Gil Ludeña, deslizando la posibilidad de denunciarla.

INFORMALIDAD. Al respecto, el congresista Yehude Simon Munaro sostuvo que el fallo del JNE convierte a la ciudad de Chiclayo en la “capital de la informalidad”, debido a que será gobernada por un alcalde con sentencia condenatoria. “Lamento esta situación, pero mañana se formará la Comisión Fiscalizadora de congresistas que investigarán la obra de saneamiento y otras irregularidades por las que el señor Torres deberá responder”, acotó.

Por su parte, el regidor Guillermo Segura Díaz sostuvo que Chiclayo queda a merced del caos y la ingobernabilidad, no obstante “será difícil que Torres evite las denuncias por actos corrupción descubiertos durante su inhabilitación”.

Hoy en el Tribunal Constitucional habrá una audiencia pública donde se verá la apelación presentada por Roberto Torres tria as la sentencia en contra por el delito de peculado emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. El TC tiene un plazo de 30 días para emitir un fallo que podría dejar fuera de una vez a Torres.