El tema de la legalización de las drogas tomó un impulso inusitado en el Cusco cuando la ordenanza regional Nº 031-2005-GRC, de fecha 12 de junio del 2005, suscrita y protegida por miembros del Frente Independiente Moralizador (FMI), liderados por Fernando Olivera, que cogobernó con Alejandro Toledo entre 2001 y 2006, planteó la legalización de la hoja de coca. Antes debemos precisar que ya, en este diario, hemos escrito que desde el punto de visto liberal, y hasta libertario, no se concibe que una democracia utilice la fuerza coercitiva de la esfera pública para imponer a los ciudadanos libres prohibiciones en su esfera privada. Esto toma relevancia porque el consumo de drogas no está penalizado en el Perú, pero sí su comercialización y obviamente la producción. Pero como en la última encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) la mayoría de peruanos se opone de forma contundente con un 92.2% a la legalización de las drogas, frente a un reducido 4.2% la apoya y 3.6 % que no sabe ni opina, es obvio que se debe tomar en cuenta esta realidad pétrea, más aún si el país entero está inmerso en una campaña electoral. Porque si bien es cierto que una de las aristas de este tema sensible es lo económico, como lo ha advertido el escritor Mario Vargas Llosa desde el diario El País, de España, es decir un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, también es cierto que tomar una medida de esa naturaleza, en el primer productor de cocaína del mundo, como es el Perú, los peligros en estas circunstancias, sobre todo para la niñez y la juventud, son potencialmente explosivas e imprevisibles. Por lo que un criterio sensato seguirá guardando este asunto para la esfera privada de los ciudadanos. Y Punto. Sin embargo, cabe recordar algunos hechos que, como en 1998, un grupo de peruanos suscribió un documento internacional por la despenalización de las drogas financiado por George Soros. El 7 de junio de 1998, un día antes de la Sesión Especial sobre las Drogas que se realizaría en Naciones Unidas, apareció un aviso pagado en el New York Times, a toda página, con este sugerente título: Carta Abierta a Koffi Annan“. Era pues un reclamo por la legalización de los estupefacientes en un tono de presión para direccionar las conclusiones del evento. “Creemos que la guerra contra las drogas que se libra actualmente en el mundo puede estar causando más daños que el mismo abuso de drogas”, afirmaba el documento en su parte sustantiva, discrepando, a la vez, del enfoque de “criminalización y penalización” que orienta los acuerdos y convenciones de las Naciones Unidas en dicha materia. La Sesión Especial sobre las Drogas tuvo lugar en la sede de la ONU, en Nueva York, del 8 al 10 de junio de 1998, a propuesta del gobierno mexicano en 1993, que ya sufría el flagelo de sus cárteles embrionarios que ahora son su principal peligro como nación, al extremo que ha llevado, hace poco, a su ex presidente Ernesto Zedillo, a pronunciarse por la despenalización del consumo de marihuana para uso personal, junto con sus colegas Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia. Al margen de la opinión de dichos ex mandatarios, el evento de la ONU fue considerado un gran acontecimiento político que perfiló la agenda para el control mundial de drogas ilícitas hasta entrado el primer decenio del nuevo milenio. En ese entonces, los jefes de Estado y de Gobierno enfocaron el reforzamiento de las políticas antidrogas con la aplicación de la ley y dándole un énfasis limitado a las estrategias dirigidas a reducir la demanda. LEGALIZADORES. El documento internacional en mención fue suscrito por el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini; también por Rolando Ames Cobián, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; Diego García Sayán, de la ONG Comisión Andina de Juristas y posterior ministro de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006); Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas y después primer ministro de la misma administración Toledo. Otros firmantes fueron la Anel Townsend Diez Canseco, el penalista José Ugaz Sánchez Moreno; la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano; el varias veces ex ministro de Relaciones Exteriores y socio de la ONG Comisión Andina de Juristas, Allan Wagner Tizón; el sociólogo Julio Cotler, de la ONG; el ideólogo de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, el legislador Javier Diez Canseco, entre muchos otros (Ver recuadro). ESCÁNDALO. El pronunciamiento pro legalizador provocó un escándalo mundial. Los halcones de las agencias antinarcóticos de Estados Unidos pusieron el grito en el cielo. Y de inmediato se supo que el costoso aviso en el New York Times provino de una generosa donación de una ONG del financista George Soros, quien desde antaño venía aportando a favor de la causa legalizadora. Para entonces Soros también se había convertido en uno de los principales financistas de la campaña electoral de Alejandro Toledo en las postrimerías del régimen autocrático de Alberto Fujimori, es decir de 1998 para adelante. Se afirma que Soros donó 4 millones de dólares durante los cinco años siguientes a 1994 al Lindesmith Center, “un grupo de interés en la legalización de la marihuana”, según la Foundation Watch. La prensa informó que Lindesmith Center se unió a otro organismo financiado por Soros, la Drug Policy Foundation, para formar la Drug Policy Alliance. En 2000 el Open Society Institute (Instituto para la Sociedad Abierta-OSI), organización del mismo financista, donó alrededor de 3,5 millones de dólares para la misma causa legalizadora. También se supo que había solventado a otras organizaciones de similar factura relajante respecto de los estupefacientes, como la Drug Strategies y la American Civil Liberties Union. Los que han hecho un seguimiento del caso aseguran que solamente en ese periodo Soros habría gastado alrededor de 16 millones de dólares. No en vano el ex ministro de Salud, Educación y Bienestar, Joseph A. Califano Jr., lo llamaba “el Papá Warbucks de la legalización de la droga”. CON TOLEDO. George Soros se habría conectado con Alejandro Toledo entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones fallidas del 2000. Quienes conocen estas relaciones afirman, solicitando el anonimato obviamente, que le nexo fue Elliot Abrams, un ex funcionario republicano de origen judío, vinculado a Henry Kissinger. Y fue Soros, quien a través de una de sus fundaciones promotoras de la democracia, contribuyó con un millón de dólares para financiar la Marcha de los Cuatro Suyos, es decir la campaña de Toledo. Recuérdese que una parte de este monto, más de la mitad según los críticos del líder de Perú Posible, se guardó como “reserva de contingencia” en EEUU. El encargado de esta misión fue Jorge “Coqui” Toledo, sobrino del que después sería presidente y que hoy aspira a volver a sentarse en el sillón principal de Palacio de Gobierno. Con todos esos antecedentes es obvio que Toledo haya propuesto, a fines de enero del 2011, explorar el camino de la legalización o “ponerle un ojo analítico a la despenalización de la droga”.