Solo pasaron dos semanas después del “a la señorita le gusta la vida social”, dicho por un abogado que defendía a uno de los cinco jóvenes acusados de violar a una joven en Surco, para que se conociera que tres jueces de Ica, en un caso de violación sexual de 2019, absolvieron al acusado y señalaron en su resolución, a modo de justificación jurídica, que el tipo de ropa interior que llevaba la denunciante alentaba la agresión.

La trusa roja, según los magistrados, “suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado”.

SIEMPRE LA VÍCTIMA. “Ambas posturas son parte de lo mismo. Una necesidad de querer orientar toda la atención hacia la víctima y cómo es que ella puede ser culpable o responsable de lo que le haya pasado”, dijo la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.

El Ministerio Público apeló esta decisión y la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) del Poder Judicial inició una investigación del caso que dio la vuelta al mundo. Se busca que la sentencia sea declarada nula para iniciar un nuevo proceso con otro tribunal.

Sin embargo, el problema es más grave de lo que parece. Como dicen las recientes cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), los casos de violencia sexual, feminicidios y violación sexual no se han detenido durante la pandemia (ver infografía).

VIOLENCIA SEXUAL. “La violencia sexual es un tema que se ha venido dando durante la cuarentena con mayor énfasis en el espacio doméstico por abuelos, tíos, primos, padres, padrastros, todo el círculo más cercano, y, en su mayoría, a niñas y adolescentes y mujeres en su edad reproductiva”, señaló Revollar.

De igual forma, en las últimas semanas, se han reportado otras denuncias de violación colectiva en Cusco, Ayacucho, Piura y Madre de Dios. “Ellos ni se conocen, tienen diferentes estratos sociales y actividades, pero la conducta es la misma: una forma de violencia estructural en la que está primando el machismo, donde hay un desprecio absoluto por la mujer, su cuerpo, su sexualidad, sus libertades y eso preocupa”, agregó la especialista.

Por ello, manifestó que se necesita una justicia “más célere”, pero también “políticas de prevención” y que “la sociedad muestre esa indignación”.

Sin derechos. Eliza Juárez, coordinadora de Monitoreo e Investigación, detalló que según datos de los Centros Emergencia Mujer (CEM), un poco más del 68% de las víctimas de violencia sexual, entre enero y setiembre de este año, son menores de 18 años.  “Definitivamente hay una necesidad de trabajar en la protección de esta población”, dijo.

Juárez también resaltó, en este marco, que se ha dado un “retroceso” en los derechos de salud y libertad sexual de las mujeres con el reciente fallo del Poder Judicial (PJ) que no permite la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE).

“La Organización Mundial de la Salud ya se pronunció respecto. La AOE no es abortiva, no puede actuar una vez que se da la implantación, cuando la unión del espermatozoide se ha implantado en algunas de las paredes del útero”, precisó sobre las creencias en torno a la pastilla del día siguiente, lo que dio pie a la demanda de la ONG Ala Sin Componenda.

DISCRIMINACIÓN. Para Juárez, es una medida discriminatoria porque no se podrá entregar gratuitamente a las mujeres que no tienen el poder adquisitivo, pero sí se venderán en farmacias. Lo que afectará no solo a la salud física y mental, sino también a los proyectos de vida, en especial en los casos de los menores.

“No solo es una herramienta útil, sino un medicamente al que las mujeres tienen derecho. Porque tenemos derecho al acceso a la anticoncepción y eso incluye al AOE. Tenemos derecho al tratamiento médico en los casos de violencia sexual y eso incluye la prevención de embarazos no deseados”, detalló del medicamento que también forma parte del kit de emergencia en caso de violación sexual.

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