Levantarían secreto de comunicaciones a exfuncionarios de Abancay

Todos están investigados por el delito de negociación incompatible
Levantarían secreto de comunicaciones a exfuncionarios de Abancay

Levantarían secreto de comunicaciones a exfuncionarios de Abancay

05 de Marzo del 2015 - 11:21 » Textos: Correo Cusco » Fotos: Correo Cusco

La Fiscalía Anticorrupción de Abancay solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de seis exfuncionarios del Gobierno Regional de Apurímac investigados por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Se encuentran comprendidos en las investigaciones el ex gerente de Desarrollo Económico, Zenón Warthon Campana, Lourdes León Echegaray, Julio Enrique Ayque Rosas, Gustavo Prada Salazar, María Esther Basurco Núñez y el ex gerente general, Johnny Angulo Ríos

El fiscal a cargo del proceso Luis Arturo Ballón Segovia solicitó al juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, Edwin Paz Carpio, para intervenir los celulares que utilizaron durante su paso por la administración pública regional y determinar si estos tuvieron contacto con los representantes de la empresa favorecida.

Sin embargo, la audiencia que estuvo programada para este último miércoles tuvo que suspenderse porque el juez que tiene a su cargo el proceso se encontraba de permiso, razón por la cual, tuvo que suspenderse y fijarse nueva fecha.

Los citados, a excepción de Angulo Ríos, integraron el comité especial de la licitación para la supervisión de la construcción del nuevo hospital de Andahuaylas y del cual se presume, direccionaron el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Supervisor Andahuaylas conformado por Motlima Consultores SA, Chung & Tong Ingenieros SAC y la española GOCSA SA.

Cabe recordar que el otorgamiento de la buena pro en noviembre del 2012 fue por la suma de 3 millones 427 mil 474.27 nuevos soles, durante la gestión del expresidente regional Elías Segovia Ruíz.

En noviembre 2014, el Consorcio Supervisor Andahuaylas decidió rescindir el contrato aduciendo que el gobierno regional incumplía el mismo con lo que la obra quedó paralizada.

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