Los amargos conflictos de las azucareras

La historia de las grandes azucareras dista mucho de ser dulce. Durante la época de las haciendas, el opresivo sistema del enganche llevó a hechos de violencia como la rebelión de los braceros del valle de Chicama de 1912. Este episodio se saldó con al menos 150 huelguistas muertos, según cita el autor Peter Klarén en su libro Fundación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA (1976). En pleno siglo XXI, la sangre sigue corriendo por los cañaverales.

En los últimos días, los disturbios en Tumán han dejado varios heridos. Pomalca también ha vivido sucesos violentos -los más recientes en 2015 y 2016-; mientras que en Pucalá se cuentan alrededor de dos decenas de víctimas mortales desde 1999. La raíz de estos conflictos modernos podría radicar en la forma en que algunas azucareras se constituyeron en sociedades anónimas.

“Cuando las haciendas fueron convertidas en cooperativas (por la Reforma Agraria), entraron en un proceso de desorganización y en muchos casos de corrupción de dirigentes. Dejaron de pagar tributos y, en general, hubo problemas administrativos que se tradujeron en económicos”, comenta Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), organización especializada en temas agrarios.

Para lidiar con los pasivos, en 1996, el gobierno de Fujimori lanza el Decreto Legislativo N° 802 o Ley de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras. Mediante esta medida, las cooperativas dejan de ser empresas asociativas para convertirse en empresas comerciales (sociedades anónimas). La deuda con el Estado se capitaliza, y este se vuelve copropietario de acciones, junto con los trabajadores. Entonces, aparecen inversionistas que empiezan a adquirir accionariado, pero en ciertos casos esto no habría ocurrido de manera muy trasparente.

“El proceso en Lambayeque (donde están Tumán, Pomalca y Pucalá) es poco ordenado. En varias cooperativas había mafias que hacían posible la corrupción. Cuando se realiza el procedimiento de traslado, hay muchos intereses encontrados”, agrega Eguren.

DEMASIADOS SOCIOS. La corrupción no es el único problema. Otro factor es la distribución de la propiedad. “Han habido compras legalmente claras y compras no claras, pero mas allá de la legalidad o ilegalidad de los procesos de transferencia de acciones, existe un caso típico de accionariado disperso”, señala Francisco Durand, profesor principal de Ciencias Políticas de la PUCP.

Mientras algunos ingenios tienen un dueño definido -como el Grupo Gloria en Casa Grande o Cartavio-, en ciertas azucareras lambayecanas hay varios socios sin la participación suficiente para controlar la empresa. Muchas acciones, además, siguen en poder de los trabajadores. De la pugna por el control de las compañías, nacen los conflictos.

Esta situación ha dado lugar a la intervención del Poder Judicial, que instaura administraciones temporales, como el Grupo Oviedo, en el caso de Tumán y Pomalca. “Se beneficia al administrador por el tiempo que dura el mandato judicial. Al terminar, se reproduce el conflicto. Tengo la impresión, además, de que el grupo de inversionistas que toma el control de la excooperativa no resuelve los problemas sociales”, añade Durand.

Eguren también considera que los mandatos judiciales no ofrecen una solución efectiva a los problemas. “Hay mucho dinero de por medio. Cuando se perjudica a una parte, surgen peleas”, sostiene.

Una solución estaría en un mecanismo de mercado que permita superar la administración transitoria. “Tendrían que ponerse en el mercado acciones para que finalmente termine esta situación, pero creo que el Estado no quiere intervenir”, comenta Francisco Durand.