La candidatura de Luis Cáceres Velásquez a la alcaldía de la provincia de Arequipa podría frustrarse, luego de conocerse que él y su hijo Roger Cáceres Pérez figuran en el “Registro de Deudores de Reparaciones Civiles” con un débito que sobrepasa el millón de soles.

Cuestionable. Cáceres Velásquez, quien es precandidato a la alcaldía por el movimiento “Arequipa Cuenta Conmigo”, podría ver frenada su intención política.

Figura en el referido registro con nun pago pendiente de 200 mil soles de reparación, luego de haber sido sentenciado por cohecho pasivo impropio en el 2005.

El caso de su hijo Roger Cáceres, se remonta al año 2008. Sobre él pesa una sentencia por receptación debiendo pagar como reparación civil un millón de soles, de los cuáles solo canceló 1,450.

Cáceres Pérez también tiene aspiraciones políticas al ser precandidato a la alcaldía distrital de Yanahuara por el mismo movimiento político de su progenitor.

Proyecto. La preocupación de los Cáceres, así como del propio Elmer Cáceres Llica (Fundador de Arequipa Cuenta Conmigo), es el proyecto de ley consistente en la “Muerte Civil”, la que ya fue aprobada en su primera votación hace poco, a nivel de la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

De acuerdo a este proyecto, los deudores del Estado estarán impedidos de asumir cargos por elección popular, así como contratar con él o trabajar en alguna institución pública, hasta que terminen de pagar. Este es el caso de padre e hijo.

Según el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia en el Parlamento, la aprobación de este proyecto de ley, podría o no ser retroactiva, ya que se trata de una norma administrativa.

“Su aplicación podría ser inmediata en caso de aprobarse el proyecto para instaurar la muerte civil”, indicó el parlamentario, con lo que Luis Cáceres quedaría una vez más fuera del ruedo político, junto con su hijo.

Eguren, en una opinión personal, dijo que independientemente de las normas, la ciudadanía debe tomar conciencia al momento de elegir a sus autoridades, en especial si los aspirantes estuvieron inmersos en actos de corrupción con un rosario de sentencias.

“Los electores deberían saber que si un candidato tiene una deuda millonaria con el Estado al haber sido sentenciado por delitos de corrupción, es deducible de dónde saldrá el dinero para su campaña política...”, acotó Eguren.