El sindicato de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Turismo de Cusco, que administra la ciudadela del Machu Picchu, anunció que a partir del 28 de noviembre se realizará una huelga indefinida hasta que se derogue una norma que transfiere los ingresos económicos que genera este destino y otros al Tesoro Nacional.
En declaraciones a la agencia EFE, Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), indicó que se exige que los recursos de la ciudadela se queden en la región.
“Estamos exigiendo que los recursos de la ciudadela se queden en la región. Sucede que hace unos meses el Ministerio de Economía y Finanzas dictaminó una nueva norma para que los recursos del Machu Picchu pasen al erario nacional, al Tesoro Público”, señaló.
Agregó que pese a las promesas del Ejecutivo de excluir al mayor reclamo turístico de Perú del decreto supremo, este no ha sido derogado ni modificado. En ese sentido, el sindicato entrará a una huelga indefinida a partir del 28 de noviembre.
Se advirtió que esta no cesará hasta que la norma sea retirada y los recursos generados por el yacimiento se queden en la región. El sindicato reclama que, si los recursos obtenidos por la ciudadela inca se van al Ejecutivo, y luego este hace un reparto del presupuesto entre otros lugares turísticos del país, no alcanzará para llevar a cabo las labores de conservación e investigación que Machu Picchu necesita.
Venta de entradas para Machu Picchu
Quiñones también denunció que el Ministerio de Cultura no ha abierto hasta la fecha la venta de entradas a la ciudadela de Machu Picchu para el 2023, por lo que los paquetes turísticos adquiridos desde el 1 de enero de 2023 no están garantizados por el Gobierno debido a la alta demanda que puede generarse.
“La inacción del Gobierno para proteger al turista es cada vez menor... El Machu Picchu no es un estadio. Sugerimos a los visitantes no comprar sus paquetes turísticos sin antes haberse abierto la venta de entradas”, precisó Quiñones tras indicar que el aforo del yacimiento es de 4.044 personas.
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Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), indicó que se exige que los recursos de la ciudadela se queden en la región.