A pesar de la oposición política y social a que los maestros sentenciados por terrorismo vuelvan a las aulas, la realidad legal sería otra. Y es que ayer el presidente de la Corte Superior de Lima, Héctor Lama, afirmó que no existe ningún impedimento jurídico ni constitucional para que una persona sentenciada que ya cumplió su pena pueda regresar a ejercer sus derechos civiles.

“Bueno, en principio, lo que tendríamos que reconocer es que si una persona (sentenciada por terrorismo) cumplió su pena - salvo que la pena haya establecido una limitación en el ejercicio de sus derechos civiles-, podría ejercer cualquier tipo de actividad compatible, digamos, con su quehacer cotidiano, en el marco jurídico y constitucional”, expresó.

Por ello, recomendó que si se busca impedir que personas sentenciadas por terrorismo ejerzan sus labores en el magisterio, se debe establecer una norma expresa que lo prohíba. “Si se quisiera establecer certeramente que esta persona no enseñe en los colegios, debería haber una norma expresa que lo prohíba. En términos generales, las únicas limitaciones que tiene una persona que tiene condena es que la propia sentencia lo haya establecido, o en su defecto que la propia ley lo prohiba”, manifestó.