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Muchos de los casos de matrimonios infantiles en Perú, que fueron prohibidos desde noviembre de 2023, se llevaron a cabo para encubrir violaciones de menores de edad y por razones económicas, lo que expone a las adolescentes a situaciones de vulnerabilidad, según CHS Alternativo.
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Un estudio efectuado en las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Loreto, ubicadas en el norte y sur del país, reveló que el 28,7 % de las adolescentes y el 40 % de los padres de familia encuestados aseguró que las familias “arreglan económicamente” para no denunciar hechos de violencia sexual contra las menores.
También que el 35 % de jóvenes y el 68,3 % de padres de familia reconoció que las “chicas” de su comunidad se unen con parejas adultas por el apoyo económico que estos dan a la familia.
Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se contabilizaron 4.356 matrimonios entre adultos y menores de edad entre 2012 y 2022, antes de su prohibición.
“Las investigaciones muestran una realidad alarmante: las niñas y adolescentes se están uniendo con adultos para encubrir casos de violencia sexual, pero además están siendo acosadas y abusadas por sus propias familias”, señaló el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés.
Además, el estudio de CHS refleja que el abuso que sufren niñas, niños y adolescentes en su propio hogar, pues el 37 % de las jóvenes encuestadas reconoció que el acoso y abuso sexual se produce también en el entorno familiar por parte de hermanos, primos u otros familiares, con mayor preponderancia en el departamento andino de Cuzco (72,2 %).
En tanto, el 33,3 % señaló que un familiar o amigo de la familia le realizó tocamientos y abusos y le amenazó para que no avisara a sus padres.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se reportaron 21.929 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 92 % de víctimas fueron mujeres, lo que quiere decir que cada día 50 niñas y adolescentes fueron ultrajadas en el país.
Y los datos el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) corrobora esta realidad, pues, hasta abril de 2024, había más de 11.500 violadores de menores de edad recluidos en las cárceles peruanas por un delito que es el segundo más recurrente en el país.
Valdés enfatizó que las niñas y adolescentes peruanas y también las migrantes son víctimas de otros delitos graves, como la trata de personas, y actualmente constituyen casi el 50 % de víctimas de explotación sexual en Perú.
Ante ello, CHS Alternativo ha iniciado la campaña “Que la prevención sea tendencia, protejámonos de la violencia y la trata de personas”, la cual pone especial énfasis en la población joven y en las mujeres e incluye mensajes de autocuidado y prevención para evitar posibles situaciones de violencia o captación con fines de trata de personas u otras formas de explotación.
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