Miles de escolares a nivel nacional estaban en peligro debido a que compartían aula y otros espacios comunes con educadores imputados, o incluso sentenciados, por gravísimos delitos.

Así lo confirmó el Ministerio de Educación (Minedu) cuando dio a conocer, ayer sábado, que 1126 de estos trabajadores fueron separados por su cuestionada situación legal, que entraba en conflicto con el bienestar de los alumnos.

Según el reporte del sector, 967 de las personas separadas son docentes y otras 159, administrativos.

Estos empleados afrontan condenas o procesos en el Poder Judicial por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio, entre otros. Todos ellos fueron removidos entre el 1 de abril de 2024 y el 14 de agosto de 2025, señaló el sector.

“No vamos a permitir que personas que representen un riesgo para nuestros estudiantes pongan un pie en las escuelas”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

DETALLES

El sector precisó que 170 docentes y administrativos tienen con condenas y han sido separados definitivamente.

En tanto, señaló que 956 docentes y administrativos que están siendo procesados y fueron separados preventivamente mientras la justicia aclara su situación legal.

Del total de trabajadores, 958 (828 docentes y 130 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual; 84 (71 docentes y 13 administrativos), por terrorismo y apología del terrorismo; 22 (18 docentes y 4 administrativos), por tráfico ilícito de drogas, y 20 (14 docentes y 6 administrativos), por homicidio doloso.

Asimismo, 12 docentes cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; dos docentes están siendo procesados por feminicidio, y un trabajador administrativo ha sido separado definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.

“Actuamos con decisión para que niños, niñas y adolescentes estudien en entornos seguros y libres de violencia”, afirmó Quero.

Los padres de familia exigieron a las autoridades educativas que tengan mano dura con este tipo de trabajadores, a fin de proteger a los y las escolares de todo el país.