Nueva “Ley Pulpín” en el Congreso

Pagos de CTS y seguro social serían asumidos por el Estado en el primer año

15 de Abril del 2015 - 08:42 » Textos: Redacción | Correo » Fotos: Giuliano Buiklece

Un nuevo proyecto de ley, que comparte varios aspectos con la derogada ley del régimen laboral juvenil, fue presentado el lunes 13 de abril por el congresista Teófilo Gamarra.

En forma similar a su predecesora, la actual iniciativa, que lleva el nombre de “ley que promueve la incorporación laboral de jóvenes al sector privado”, también va dirigida a jóvenes con edades entre 18 y 24 años, pero contempla todos los derechos establecidos por la norma laboral que se aplica en el sector privado.

Aplicación. Dentro de su marco, la iniciativa establece que su carácter será opcional, tanto para empresas como para los trabajadores, y podrá ser aplicada, según su artículo 2, a jóvenes con cualquier nivel de formación académica que decidan incorporarse por primera vez a la planilla electrónica como trabajadores o que no hayan figurado en ella por lo menos en los últimos 120 días calendario.

Contrato. “El contrato laboral juvenil debe celebrarse por un plazo determinado de por lo menos un (1) año, con un periodo de prueba de quince (15) días como máximo. Una vez vencido el plazo del contrato, este podrá ser renovado por periodos de al menos seis (6) meses”, señala el proyecto de ley en su artículo 4.

Además, establece que el plazo máximo de duración de los contratos juveniles será de cinco años, incluyendo prorrogas en la empresa y siempre que el trabajador cumpla con el requisito de edad de 18 a 24 años.

En relación a los requisitos para el sector empresarial, establecidos también en el artículo 4, la propuesta especifica que la cantidad de jóvenes contratados bajo el régimen no podrá sobrepasar el 25% de la planilla de las compañías.

Estímulos. Entre los estímulos para las empresas, la norma plantea que aquellas que capaciten a sus jóvenes trabajadores podrían recibir un crédito tributario por el monto de la capacitación.

También establece que bajo este régimen el Estado tendrá como obligación los costos del seguro social y el pago de CTS correspondientes al primer año de trabajo.

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