Nuevamente en duda funcionamiento de UNDAC en La Oroya

Ante la amenaza de los estudiantes de la sede descentralizada de la Universidad Nacional Alcides Carrión (UNDAC) en La Oroya, de realizar en los próximos días marchas de protesta y plantones frente a la comuna oroína por la falta de pago a los catedráticos que viajan desde Cerro Pasco a dictar clases, la municipalidad anfitriona oficialmente declaró que mantiene su voluntad de seguir apoyando el funcionamiento de la sede universitaria.

“La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya ha informado que tiene la voluntad política de apoyar el funcionamiento de la sede por lo que se está brindando con la infraestructura y mobiliario para el desarrollo de clases”, rezó un comunicado.

También ha informado que se ha asignado el presupuesto respectivo en cumplimiento al convenio que se han suscrito con la universidad, pero que existen restricciones legales del Ministerio de Economía y Finanzas que señala que las municipalidades no tienen facultades de asumir pagos por dictado de clases de docentes universitarios, razón por la que se acordó que la Dirección General de Presupuesto Público y el Ministerio de Educación emitan informes técnicos y legales sobre la validez legal del convenio para poder realizar los respectivos pagos .

Ante ello, para no perjudicar a los estudiantes y asegurar las actividades académicas, se está solicitado a la UNDAC que transitoriamente asuma el pago de los docentes hasta el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.

Precisamente, hace unos meses, alumnos y padres de familia ligados a esta sede descentralizada, portagonizaron marchas de protestas y el bloqueo de la Carretera Central exigiendo que la municipalidad cumpla con facilitar infraestructura para los estudiantes y algunos costos como el pago de los docentes.

DUDAS. Ante la duda de incumplimiento de estos “acuerdos”, la muchedumbre salió a las calles para exigir a voz encuello que la municipalidad cumpla con asumir sus “responsabilidades”, no obstante, la revisión de la Ley Orgánica de Municipalidades y otras hizo reflexionar a la municipalidad en el sentido de que los costos que se asumen con los docentes no eran legales.