Venta irregular de terrenos causa perjuicio económico de S/. 5 mllns en Camaná

El exalcalde provincial de Camaná, Víctor Chávez de la Cadena (2011-2014) y quien fuera su asesor jurídico, Karlo Cáceda Caballero, bien podrían pasar hasta ocho años en prisión, si así lo determina un juez en aplicación del Artículo N° 387 del Código Penal, al haber promovido la venta irregular de terrenos a terceras personas, provocando un perjuicio económico a la comuna, ascendente a 5 millones 287 mil nuevos soles.

peculado. La actuación de ambos está configurada como delito de peculado que sanciona a todo funcionario público “que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.

El Informe Especial N° 005-2014-2-0354 del Órgano de Control Institucional (OCI) dependiente de la Contraloría General de la República, establece responsabilidad de ambos funcionarios en la “Irregular venta de terrenos sin subasta pública y sin tasación”, y establece la obligación civil de resarcir el daño, con la devolución de la suma dejada de percibir por el municipio, es decir, los más de 5 millones de soles.

La venta de terrenos se hizo en los asentamientos humanos Miramar II Etapa y Alto Buenos Aires, ambos en el distrito de Samuel Pastor, bajo la figura de “programa municipal de vivienda” en supuesto beneficio de familias de escasos recursos económicos, aunque entre los compradores se registra a casi medio centenar de quienes tienen más de dos terrenos.

De acuerdo a lo indagado por OCI, el abogado Cáceda emitió tres informes legales dando luz verde a la venta directa, entre el 8 de agosto de 2011 y el 6 de enero de 2012, pero no adjuntó el sustento legal pues el programa de vivienda jamás fue creado como debió hacerse, siguiendo lo establecido en el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Se desatendió lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual obliga a vender bienes estatales mediante subasta pública y de acuerdo al valor referencial base fijado por el organismo nacional de tasaciones (Conata). En este proceso, se fijó de forma arbitraria un valor referencial muy por debajo del real.

En el caso de Miramar II Etapa, en agosto 2011, se fijó como precio la suma de 8 nuevos soles por metro cuadrado y en enero 2012 se modificó el monto 20 soles por m2. Los lotes del A.H. Buenos Aires se vendieron a 5 soles el m2. El organismo de control considera estas variaciones de precio fuera de lo regular al no ajustarse a ningún criterio técnico.

La OCI obtuvo la tasación legal de los predios y encontró que en Miramar II Etapa debieron ser vendidos por encima de los 38 soles el m2 mientras que en Buenos Aires en no menos de 32 soles. Esa diferencia de precios generó el grave perjuicio a la comuna.

se defiende. La exregidora provincial de Camaná, Elízabeth Hau Riveros, quien formaba parte de la oposición durante la gestión de Chávez de la Cadena, reconoció haber aprobado la creación del programa de vivienda sin mayor conocimiento de las normas legales y confiando en lo expuesto por quien cumplía la función de asesor legal, el abogado Karlo Fabián Cáceda Caballero.

“En reiteradas oportunidades, hemos solicitado información sobre este tema y otros más, pero jamás nos daban documentos, nos cerraban las puertas e inclusive recibíamos presiones de todo tipo para aprobar la venta de los terrenos como demandaban dirigentes de esos asentamientos”, relató recordando lo ocurrido durante los años 2011 y 2012.

También aceptó tener conocimiento sobre el informe de la OCI y recién ahora entiende la gravedad de su voto emitido en la aprobación de los acuerdos que dieron origen a las normas municipales hoy cuestionadas por la Contraloría.

Hay situaciones graves realmente, como el caso de los terrenos entregados al personal de las fuerzas armadas en la zona conocida como El Chorro, se aparentó subastas y no fuimos adecuadamente orientados por los funcionarios de la municipalidad, agregó la exmunícipe.

Recordó también que un grupo de dirigentes iba constantemente a la municipalidad para legalizar la ocupación ilegal y entonces el argumento del alcalde fue sanear los predios generando al mismo tiempo ingresos a las arcas de la comuna en lugar de seguir viendo c omo esos dirigentes lucraban cobrando cuotas y otros ingreso por entonces calculados en 200 mil nuevos soles.

Hau Riveros es consciente de la posibilidad de ser denunciada al haber aprobado con su voto el proyecto.