El Poder Judicial emitió un comunicado oficial en respuesta al reportaje difundido por Cuarto Poder sobre cerca de 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de las comunidades awajún y wampis que permanecen sin sentencia en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

La institución ratificó su compromiso de aplicar las sanciones más severas contra los responsables de delitos de violencia sexual cometidos contra menores de edad en esta zona del país, y rechazó categóricamente cualquier señalamiento sobre desinterés estatal en atender la problemática.

Sistema especializado de justicia en funcionamiento

El 14 de enero pasado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se trasladó hasta Condorcanqui para inaugurar 10 órganos jurisdiccionales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Entre las nuevas instancias judiciales se cuentan tres juzgados de familia subespecializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, establecidos en Santa María de Nieva y Huampami, entre otras localidades. Estos despachos tienen la facultad de emitir medidas de protección y cautelares en favor de las víctimas.

Embarcaciones para superar barreras geográficas

Como parte de la implementación del sistema especializado, el Poder Judicial dispuso la asignación de tres deslizadores grandes cerrados con capacidad para transportar a 11 o más personas, además de seis embarcaciones abiertas tipo chalupa.

Estas unidades fluviales permitirán movilizar a las víctimas desde sus comunidades de origen hasta las sedes judiciales, superando así las barreras de acceso geográfico que históricamente han dificultado la administración de justicia en esta zona de la Amazonía.

La institución subrayó que estas medidas responden a un trabajo decidido para garantizar que las poblaciones en zonas remotas puedan ejercer su derecho al acceso a la justicia. El reportaje periodístico también evidenció limitaciones en otras entidades del sistema de justicia, incluyendo escasez de personal especializado y recursos logísticos insuficientes.