El abogado penalista Guillermo Olivera Díaz, excandidato al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), anunció que presentará una denuncia constitucional contra los 79 congresistas que votaron por la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza.
El abogado asistió hasta la Mesa de Partes del Parlamento para presentar el documento; sin embargo le indicaron que ese tipo de trámites se dan de manera virtual. En dialogo con la prensa, explicó que su denuncia implica los delitos de abuso de autoridad, en calidad de banda criminal, y por infracciones constitucionales.
“El objetivo es que se sancione a todo tipo de infractores. Estamos presentando una denuncia penal contra 79 congresistas por la comisión de dos delitos de abuso de autoridad y el actuar abusivamente en forma arbitraria en banda criminal”, dijo a RPP.
“El delito de abuso de autoridad se consuma cuando el funcionario público, en este caso 79 congresistas, consuma actos arbitrarios en el ejercicio de su función”, agregó.
Olivera fue candidato al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), agrupación que postuló a la Presidencia al exministro de Cultura, Ciro Gálvez.
Posición del Gobierno
El Gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitución (TC) por la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por el Pleno del Congreso.
Según el Ejecutivo, la norma quiebra el principio de separación de poderes que incluye, en la Constitución, el concepto de equilibro y balance de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
“La ley N° 31355 contraviene la interpretación constitucional sobre los alcances de la cuestión de confianza realizada por el Tribunal Constitucional”, destaca la demanda.
Sobre este punto, el Ejecutivo recuerda que el 28 de setiembre del 2018 el TC falló indicando que la cuestión de confianza “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”.