La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) adjudicó un contrato de más de S/83 millones 592 mil al Consorcio Arsenal, integrado por empresas que mantienen deudas superiores a S/124 millones con el propio Estado.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, la contratación corresponde a servicios de seguridad y vigilancia en las sedes de Lima, a pesar de los reportes negativos. Este consorcio tiene en sus filas a Arsenal Security S.A.C.

EMPRESAS DEUDORAS

Cabe mencionar que anteriormente, la Sunat otorgó la buena pro al Consorcio Creta, conformado por las empresas Arsenal Security S.A.C., Creta Security y Morgan del Oriente.

La deuda más elevada corresponde a Morgan del Oriente, que registra obligaciones pendientes por más de S/123 millones 241 mil desde 2012. Según la investigación, la empresa tampoco cumplió reiteradamente con sus compromisos con el EsSalud y la ONP, perjudicando no solo al Estado, sino también a sus trabajadores.

Por su parte, Arsenal Security S.A.C. acumula deudas en cobranza coactiva por S/1 millón 400 mil acumuladas desde el 2020. Además, la alerta ya fue remitida a centrales de riesgo, donde arrojan 49 pagos incumplidos, y a pesar de ello, sigue siendo proveedora del sector público.

IRREGULARIDADES EN PLANILLAS Y DIRECCIONES

Sumado a ello, se reportan presuntas irregularidades en la información laboral de las compañías. De acuerdo con registros oficiales, Morgan del Oriente declaró un solo trabajador entre los años 2025 y 2026, mientras que Arsenal Security S.A.C. registró únicamente dos empleados en junio y julio de 2026.

Asimismo, se detectó que Creta Security, Arsenal Security S.A.C. y el empresario Carlos Trisolini (fundador de Morgan del Oriente) comparten la misma dirección legal en un edificio residencial.

La investigación también reveló que el Consorcio Arsenal registra antecedentes de resolución de contrato por parte de Sunat debido al impago de sueldos y gratificaciones a trabajadores en las sedes de Puno, Tacna y Ucayali.

CUESTIONAN

Frente a ello, especialistas cuestionaron que empresas con deudas tributarias y procesos de cobranza continúen obteniendo millonarios contratos estatales.

“Ahí se devela una relación poco recíproca. El Estado otorga trabajo y actividad económica a una empresa que ciertamente no tiene una actitud recíproca de pagarle sus impuestos y no solo eso, el Estado está invirtiendo más en esa empresa porque inició los procesos coactivos”, manifestó Cecilia Ruiz, abogada especialista en contratos públicos.

Consultada sobre el caso, la Sunat evitó brindar declaraciones y señaló que la normativa vigente de contrataciones públicas no impide otorgar la buena pro a empresas que mantienen deudas tributarias, independientemente del monto adeudado.