Una nueva controversia surge en el Proyecto Olmos, pues el Tribunal Constitucional decidió dar la razón a la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, sobre su pedido de que las tierras confiscadas para ejecutar este proyecto le sean restituidas.

Así lo señala el Tribunal Constitucional en su resolución de fecha 3 de setiembre de este año, del expediente N° 2545-2011-PA/TC, en la cual se ordena al Décimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo admitir a trámite la demanda presentada en el año 2010 por la mencionada comunidad, la misma que en primera y segunda instancia fue declarada improcedente.

En esta demanda la comunidad Santo Domingo de Olmos exige la inaplicabilidad del Acuerdo Regional 087-2010-GR-LAMB y los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo 017-99-AG y la ley 27172, debido a que con ello el Estado logró confiscarles 111 mil 656 hectáreas (has) de su propiedad, las mismas que hoy son necesarias para la ejecución del proyecto agroexportador.

REVIERTEN. Hugo Lamadrid Ibáñez, abogado de esta comunidad, precisó que ahora el Estado deberá pagar a los comuneros un justiprecio por las 38 mil hectáreas subastadas y que les fueron confiscadas. El montó bordearía los 40 millones de dólares, según comentó.

A la vez, agrega Lamadrid, el Estado deberá devolverles el resto de tierras que le fueron confiscadas. “Estas 38 mil hectáreas subastadas ya no pueden revertir, pero el Estado deberá pagar un justiprecio por estas tierras. Sin embargo, las tierras que aún no han sido utilizadas, y que forman parte de la segunda etapa del Proyecto Olmos, tendrán que ser devueltas. El fallo del Tribunal Constitucional es claro y deberá acatarse”, comentó.

NO ALARMARSE. El congresista Javier Velásquez Quesquén se pronunció al respecto y sostuvo que cualquier fallo que haya dado el Tribunal Constitucional no afectará la ejecución del Proyecto Olmos, debido a que “los contratos firmados (para su ejecución) tienen rango de ley y tienen respaldo constitucional”.

“Esto no debe generar zozobra. No existe la mínima posibilidad de que las tierras de este proyecto reviertan a la comunidad porque si hay algún vacío el Congreso de la República puede aprobar una ley para expropiar estas tierras a la comunidad”, señaló.

Velásquez Quesquén reconoció que se habría dado un abuso, por parte del Estado, al haber confiscado las tierras a los comuneros y no retribuirlos económicamente; pero dejó en claro que la expropiación de las tierras sí procede porque el proyecto es de interés público.