Hasta el momento, ya suman más de 27 mil funcionarios de Turquía que fueron despedidos por el gobierno del presidente Erdogan, tras ser vinculados con el fallido golpe de Estado.

A los 1.5000 funcionarios del Ministerio de educación se suman 8.777 del Ministerio del Interior, a los casi 3.000 jueces y fiscales y a otros 1.500 que han sido apartados de sus cargos en otros despachos.

“A partir de hoy (martes), 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas”, reza el comunicado, citado por la agencia semipública Anadolu.

En esa lista no se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay 112 generales, casi un tercio de los 356 generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas.

Cifras todas, de detenidos y destituidos, advirtió Yildirim, “van a cambiar”, lo que dejó en claro que la purga continuará.

Esta oleada de detenciones y destituciones continúa y acelera la purga iniciada hace más de dos años contra la presencia de seguidores de Gülen en puestos claves del Estado.

Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al gobierno democráticamente elegido ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004.

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