“Estamos haciendo una investigación para evaluar la efectividad de los procesos anticorrupción iniciados desde la Fiscalía”, aseguró el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho Jorge Fernández Mavila.

El objetivo de solicitar información sobre procesos que se siguen, es para emitir recomendaciones para disminuir el problema.

Según el informe presentando por la Defensoría, la corrupción es el segundo problema que debe enfrentar el estado al ocupar el segundo lugar, con un 47%, después de la inseguridad ciudadana.

Asimismo, la ciudadanía ha identificado que al Poder Judicial (56%), a la Policía Nacional (52%) y al Congreso de la República (47%) como las instituciones pública más corruptas del Perú.

En uno de sus discursos el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, indicó que tal vez lo más preocupante de este problema, es que la mayoría de personas se muestra tolerante a los actos de corrupción, mientras que solo alrededor de un tercio evidencia rechazo definido.

Dijo que entre las acciones

deshonestas más toleradas, figuran el que un funcionario público favorezca a parientes y amigos; o que se dé un incentivo o una coima para agilizar un trámite.

Situación. Fernández Mavila, indicó que en Ayacucho no se cuenta con los suficientes recursos logísticos y humanos para hacer seguimiento a las denuncias por corrupción en las entidades públicas.

“No tenemos peritos, sólo hay un perito contable, y es inadmisible que se pueda obtener resultados”, manifestó.

Asimismo, indicó que en Ayacucho hay más de mil denuncias por esta situación y que a este ritmo se pueden tardar cinco a seis años para emitir medidas correctivas y cada proceso tiene plazo preventiva que al final expirarían.

Con respecto a la falta de mecanismos, recomendó a las instituciones encargadas de seguir dichos procesos, implementar mejor las áreas para agilizar las investigaciones y por consiguiente se den las sanciones ejemplares.

Refirió que gran parte de la población siente descontento cuando las denuncias hechas tienen una resolución que queda sólo en declaraciones de principios, compromisos suscritos, entre otros.

Desde la Defensoría, queremos que las personas implicadas en presuntos actos de corrupción, sean sancionadas con todo el rigor de la ley, de ser halladas culpables.

Por ahora, el personal de dicha entidad se encuentran vigilantes ante la implementación del consejo regional anticorrupción; asimismo para dotar de presupuesto.

En las próximos meses definirá el presupuesto participativo y su objetivo es que planifiquen presupuesto, para implementar el plan sectorial de lucha contra la corrupción al amparado por la Ley 29976, ley que protege omisión de alto nivel.