Los investigados por la muerte del inspector Rony Revilla Bravo fueron excarcelados luego de que las autoridades modificaran la figura penal del caso, pasando de sicariato y banda criminal a homicidio calificado. La reducción de la modalidad del delito les permitió solicitar enfrentar el proceso judicial sin estar detenidos, solicitud que fue concedida.

Grizet Carpio, esposa del fallecido, reveló estos detalles durante una entrevista con Exitosa, donde denunció una serie de irregularidades que ponen en riesgo la posibilidad de obtener condena. La afectada advirtió que, pese a la existencia de pruebas y testigos, las decisiones del sistema de justicia apuntan en sentido contrario.

“Están siendo procesados en este momento [los investigados], hay pruebas, hay testigos, pero ahora resulta que al parecer nada de esto es suficiente para las autoridades que han modificado hace poco la modalidad del delito. Estábamos con sicariato, banda criminal y ahora hace poco lo han modificado a homicidio calificado, reduciéndoles así la pena”, explicó.

El ataque ocurrió en octubre de 2023, cuando un grupo de sujetos incendió el vehículo en el que viajaba el equipo de inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre en el distrito de Curahuasi, en la vía Abancay-Cusco. El hecho cobró la vida de Revilla Bravo y dejó a ocho de sus compañeros con heridas.

24 de 25 implicados en libertad

Al inicio de las investigaciones el número de imputados era de 14, pero conforme avanzó el proceso esa cifra escaló hasta los 25. A pesar de ello, solo uno permanece privado de su libertad, mientras los demás afrontan los cargos sin restricciones.

Entre las evidencias recabadas por la Policía Nacional figura el fotocheck de uno de los inspectores, hallado dentro del domicilio de uno de los implicados. Los investigados, sin embargo, desestiman la validez de dicha prueba y la califican de inventada.

Exige que el caso no quede impune

Carpio extendió un llamado urgente al Poder Judicial y a las autoridades del país para que el expediente no sea archivado ni el crimen quede sin condena. Recalcó que el ataque no fue una venganza personal, sino una agresión deliberada contra una institución del Estado.

“Pido a las autoridades del Perú, al Poder Judicial, especialmente, que no quede impune, a la población. Este caso se puede caer, que no lo archiven”, exhortó.

Con evidente dolor, la afectada reconoció que ninguna sentencia podrá devolverle la vida que tenía antes de perder a su esposo y al padre de sus hijos. Sin embargo, afirmó que seguirá exigiendo justicia como el único camino que le queda.

“Solo espero que todo esto se resuelva, se esclarezca. Ya mi vida, la vida de mi familia, de mi hija, de mis suegros, está destrozada, jamás me van a devolver a mi esposo, jamás voy a volver a tener la vida que yo tenía antes. ¿Qué me queda? Lo único que puedo hacer es suplicar que los criminales que han arruinado mi vida, la de mi familia entren a la cárcel”, dijo entre lágrimas e indignación.