Vladimimiro Huaroc: "Municipalidad de Lima pidió manejar caso La Parada"
Vladimimiro Huaroc: "Municipalidad de Lima pidió manejar caso La Parada"

Su oficina queda a escasos pasos del despacho del primer ministro, Juan Jiménez, y de la primera dama, Nadine Heredia. Vladimiro Huaroc Portocarrero dirige la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros y se ha desempeñado como presidente regional de Junín, cargo que le permitió conocer las mañas y las rendijas del poder en las provincias, así como el difícil vínculo con la autoridad nacional. En la siguiente entrevista, Huaroc dice tener la llave para abrir y cerrar las puertas de la protesta social.

Correo: ¿Ya no son las empresas sino el Estado la principal causa de los conflictos?

Vladimiro Huaroc: También las empresas, pero principalmente el Estado. Por eso, debemos prever esas demandas y estas situaciones de conflicto.

C: ¿Qué se hace entonces con este nuevo hallazgo?

VH: El Estado tiene que estar presente, ir a estas zonas olvidadas. Su rol dinamizador es lo que estamos promoviendo a través de las mesas de desarrollo, no solo para firmar una acta sino para asumir compromiso de Gobierno y para llevar desarrollo. Las poblaciones no pueden estar sin educación, salud, vías de comunicación o un mínimo de desarrollo que les permita visualizar un futuro. Ellos presienten que llegan las inversiones, que hay recursos y enormes enclaves mineros y que no se benefician de ello. Luego entienden que hay canon y regalías, pero que no lo reciben directamente. La mayor demanda viene de ahí, de los pequeños pueblos. Estamos a tiempo de revertirlo y de crear un sistema que prevea y que el Estado lleve ahí beneficios, aunque son derechos más que beneficios.

C: Pongamos un ejemplo de un conflicto que se haya desactivado...

VH: Hay muchos. Por ejemplo, Toromocho. La comunidad de Morococha -en Junín- ya se desplazó y sin esta intervención habría estallado un conflicto. Es un trabajo muy paciente y delicado. Es un caso de minería moderna y grande. En Cusco, la mesa de Espinar, después de un año y medio y 124 reuniones, ya tiene resultados de sus tres procesos -ambiental, social y económico- y solo falta la firma de acta final. Las mesas de desarrollo son los espacios donde se hace consenso para llevar el Estado, para planificar el desarrollo y el futuro de esas comunidades, para tener acuerdos sobre los temas ambientales y de agua -que son muy importantes para ellos- y para permitir que las inversiones tengan la paz que necesitan para su desarrollo.

C: ¿Cree que la empresa está conforme con estas mesas?

VH: La gran mayoría de las empresas, incluyendo la Sociedad Nacional de Minería, han entendido que este es el camino.

C: El Gobierno Central interviene directamente, pero ¿no se supone que ese es papel de los gobiernos locales y regionales? ¿No es eso un poco una intervención paternalista?

VH: Tenemos una institucionalidad muy débil y de partidos inexistentes. Los canales de demanda de la población vienen de diversas fuentes: frentes de defensa, comités, es decir grupos que quizá no tienen un reconocimiento legal pero que son socialmente reconocidos. De otro lado, esas demandas las plantean a entidades del Estado que no tienen el compromiso de atenderlas. Esas demandas estaban en la nebulosa. Eso tiene que cambiar y debemos generar confianza. Esa es el arma más poderosa que estamos tratando de construir: que la gente entienda que el Estado sí tiene las capacidades de atender sus demandas.

C: ¿Y eso no lo puede cumplir el gobierno regional? Usted ha sido presidente de región y un mensaje común es que el Ejecutivo no los escucha.

VH: El modelo ideal a que apuntamos es que el manejo de la conflictividad tenga esos niveles: primero local, regional y luego nacional. Pero eso todavía no funciona. Las poblaciones buscan al Gobierno Nacional. Puedo decir que las mesas dan resultado, las actas que nadie las cumple quedó en el pasado.

C: Denos un ejemplo del nuevo modelo.

VH: Candarave logró un acuerdo con la empresa Southern por intermediación nuestra, pero no para usar el dinero libremente sino para cambiar la vida de las personas. Se consiguió recursos mineros para un desarrollo local que le permita engancharse a los mercados.

C: El canon, que se redujo por efecto de la menor recaudación del Impuesto a la Renta de la minería y provocó un casi conflicto, ¿se va a cambiar?

VH: El canon ha demostrado que es insuficiente y debe ser modificado. El enfoque de hace 10 años hoy día ya no es funcional. No llega a las zonas aledañas a los proyectos, porque se calcula en base a la población y es mínimo lo que llega a poblados pequeños, donde hay más necesidades. Los recursos se usan en la zona de cabecera del distrito y no en las pequeñas comunidades próximas a las mineras. Hace 6 meses hemos planteado al Ministerio de Economía (MEF) resolver este tema urgente, pero ellos tienen sus tiempos.

C: ¿Qué tanto influye en el malestar que hay en sur del país la oferta del presidente Humala para el gasoducto, que aún no se ve que avance?

VH: Esa es la gran demanda del sur. La sociedad política, los gobiernos están a la espera de ese compromiso y hay avances. La implementación está a cargo del Ministerio de Energía. Son recursos que tiene que asignar el MEF para llevar a adelante esta promesa del Presidente.

C: Se va a cumplir un año del conflicto social en La Parada. ¿Qué lecciones dejó esa asonada que se dio en las narices de Lima?

VH: Nosotros no participamos de esta crisis de La Parada. Era un conflicto en el que días antes habíamos conversado con el Municipio de Lima sobre este tema y nos pidieron dejar que sus equipos de atención de conflictos puedan manejarlo, debido a que era un problema municipal. Lo entendimos así y lo dejamos en sus manos.

C: ¿Ustedes ofrecieron su ayuda?

VH: Estamos en todos los escenarios nacionales. En algunos casos asesoramos a municipios que nos piden orientación. En este caso en particular, el Municipio de Lima pidió que ellos manejarían la situación, así que nos abstuvimos de participar.

C: ¿Se anticipó que podía haber problemas?

VH: Había una demanda fuerte ahí y protestas, pero nadie imaginaba el desborde. La lección aprendida es que en estos tipos de demandas debemos participar coordinadamente. Hay mucho sentimiento de ira en las demandas, que hay que saber medir y calcular los impactos.

C: ¿Conga ya no es el principal conflicto social del Perú?

VH: Conga ya no es una amenaza. Es un conflicto que tiene que tener finalmente un desenlace y esperamos que sea pronto. En Conga la recuperación de confianza ha demorado, está en pleno proceso. Fue una herida muy fuerte la que se abrió ahí. En Cajamarca hay 31 proyectos mineros, de los cuales 30 están en desarrollo. Conga es el único cuestionado. No está paralizado y tiene que ir más aceleradamente, pero depende de la recuperación de la confianza. Es cuestión de tiempo.

C: Pero a pesar del dinero inyectado en la zona, la mayoría en Cajamarca dice que "Conga no va".

VH: Algunos sectores vinculados a la economía -pequeñas empresas de servicios, comerciantes- y 32 comunidades del círculo que rodea el proyecto quiere retomar el diálogo. Sin embargo, sabemos la posición del gobierno regional de Cajamarca y sectores de la población -es evidente- que expresan su oposición. Pero la empresa ha hecho cambios y necesita tiempo para mostrar su nueva política.

C: Hay focos de resistencia aún en la zona de construcción de reservorios.

VH: Era un grupo pequeño de personas traídas, no de la zona. Ahora ya no hay nadie. Sí hay una pobladora que no quiere salir y es la única que ha mostrado su decisión de no retirarse. En este caso solo queda un camino, de persuasión.

C: En el escenario político no hay mucho diálogo. Los tres partidos de oposición se han retirado del diálogo que organiza la PCM por las frases agresivas del presidente Humala.

VH: El escenario político está cada vez menos confrontativo. En el lado social hacemos un esfuerzo para que haya paz social. No creo que el diálogo haya fracasado porque tres partidos se alejen. Ojalá se reintegren pronto.

C: ¿Cuál es el conflicto más importante hoy en día?

VH: La minería ilegal es el conflicto mayor y se encuentra disperso en más de 20 provincias. No es un problema de Madre de Dios. En Lima, La Libertad, Piura hay minería ilegal. Es una forma que la gente pobre ha encontrado para subsistir.

C: ¿Cuántos mineros hay en proceso de formalización y cuántos quedan fuera, o sea ilegales?

VH: 77,000 son los que se están formalizando y sobre los ilegales, las cifras varían. Para el Ministerio de Ambiente, y también lo compartimos nosotros, son 200,000. Pero hay estudios que hablan de medio millón de personas.