El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió hoy, por mayoría, suspender por 120 días al fiscal supremo Pablo Sánchez por haber cometido una falta grave al recibir tres salarios del Estado entre septiembre de 2020 y julio de 2021.
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María Zavala, consejera y ponente del caso, presentó el informe que recomendaba la suspensión. En él se detallaba que Sánchez percibió sueldos como fiscal supremo, como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y como miembro del Consejo Directivo de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG).
Tras el anuncio de la JNJ, Roberto Pereira, abogado de Pablo Sánchez, calificó la decisión de “arbitraria”, argumentando que carecía de “respaldo legal” y no respetaba los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
En declaraciones al programa ‘Las Cosas como Son’, Pereira defendió que, según la Constitución, su cliente podía recibir salarios tanto por su función como fiscal como por ser profesor universitario. Además, negó que el pago recibido por su participación en la AMAG se considerara un sueldo estatal.
Pereira aclaró que Sánchez, en su rol en la AMAG, recibía una dieta por cada sesión, la cual no debe ser confundida con un salario. Explicó que una dieta no es una remuneración, sino un concepto distinto en la ley y la doctrina, ya que no implica una contraprestación por un servicio remunerado y estable de un cargo público.
El abogado afirmó que la JNJ realizó una “analogía inaceptable” entre una dieta y una remuneración. Añadió que el criterio de asignar dietas a los representantes del Ministerio Público en la Academia de la Magistratura ha sido una práctica habitual y que el cambio en la interpretación por parte del Ministerio de Economía fue lo que llevó al Dr. Sánchez a dejar de percibir dichas dietas.
Finalmente, Pereira mencionó que están evaluando presentar un recurso de reconsideración ante la JNJ o, eventualmente, recurrir al Poder Judicial para intentar revocar la suspensión impuesta a Pablo Sánchez.
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