La defensa legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, informó que el Poder Judicial no dio trámite favorable al pedido de detención preliminar presentado por el Ministerio Público en su contra. En declaraciones a RPP, Ricardo Sánchez reveló que la decisión se adoptó tras la evaluación del requerimiento fiscal dentro de la investigación en curso.

Según explicó, el juez encargado del caso determinó que no correspondía dictar una medida restrictiva de libertad. En ese mismo pronunciamiento, se autorizó la ejecución de diligencias como el ingreso a inmuebles vinculados al investigado.

Autorización para allanamientos

El magistrado Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, estuvo a cargo de la evaluación del caso. La resolución permitió que el Ministerio Público continúe con otras medidas de investigación, entre ellas el allanamiento del domicilio del exfuncionario.

Estas diligencias se iniciaron desde las primeras horas de este viernes como parte de un operativo. Este viernes se ejecuta el registro de viviendas relacionadas con otros investigados y personas vinculadas al caso.

El fiscal Raúl Martínez dirige las acciones junto a agentes de la Policía Nacional del Perú. En total, se intervienen 12 inmuebles que incluyen el domicilio de Corvetto, así como los de los exfuncionarios José Samamé y Juan Phang, además del representante legal de la empresa Gálaga SAC.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. Como parte de las diligencias autorizadas, también se dispuso la incautación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y documentación relevante.

Pedido fiscal fue presentado días antes

Días antes, el Ministerio Público había formalizado el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE. Esta solicitud fue confirmada por el entonces fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien indicó que el requerimiento había sido presentado para su evaluación judicial.

En ese contexto, el titular del Ministerio Público explicó que la decisión final sobre la medida correspondía al juez competente. Asimismo, informó que el investigado entregó a la Fiscalía sus pasaportes peruano e italiano como parte del proceso.

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