Sandro Astudillo, abogado de Ana Sánchez, madre de Segundo Sánchez, propietario de la vivienda ubicada en el jirón Sarratea, en el distrito de Breña, aseveró que los fiscales le dijeron a su patrocinada que si no proporcionaban toda la información que requerían volverían con una orden de allanamiento para revisar toda la propiedad.

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En declaraciones a la prensa, a su salida de la diligencia, Astudillo denunció “prepotencia” y “abusos” por parte de los representantes del Ministerio Público. Producto de esta situación, Ana Sánchez sufrió una descompensación que requirió de la presencia de una ambulancia y paramédicos.

“Para que vea que esta señora, por una simple diligencia, se la ha llevado a urgencias. Imagínese si se le quiere meter en líos políticos como la quieren investigar. Le han hecho unas preguntas que no se las deseo ni a mi peor enemigo, es una anciana a la que se le dice que si no me das la información voy a venir con un acta de allanamiento para revisar todo, la señora se puso mal pues por su forma prepotente del fiscal”, aseveró.

“El fiscal hace preguntas inquisitorias que hacen que la señora se ponga mal. Solo es declaración testimonial y dijeron que habría allanamiento, que volverían con una orden para revisarlo todo”, agregó.

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“No puedo dar detalles de la toma de declaración o la diligencia, no soy abogado del señor Alejandro [Segundo] Sánchez, soy abogado de la señora Ana. Para que vea los abusos de la fiscalía, se necesita un abogado para que no se hagan estos abusos. Se hicieron unas 6 o 7 preguntas, pero la situación médica se dio luego de que el fiscal dijo que iba a venir con orden de allanamiento”, dijo.

En otro momento, Astudillo reveló que es amigo de Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo, pero descartó que trabajen juntos o formen un equipo, pues él trabaja de manera “independiente”.

La diligencia fiscal

El equipo del despacho de la fiscal provincial Karla Zecenarro realizó este martes una diligencia en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para recabar información por contratación de Provías a consorcio Tarata III. En esa vivienda, el presidente Pedro Castillo sostuvo reuniones secretas que derivaron en investigaciones del Ministerio Público.

El Ministerio Público precisó que el fiscal adjunto provincial Jhon Tomasto Medrano, peritos y analistas de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, llegaron a la vivienda a fin de “verificar y recabar información de las cámaras de videovigilancia y seguridad”.

Durante la diligencia fiscal, señalaron las fuentes de El Comercio, se tenía previsto solicitar al dueño de la vivienda y amigo del mandatario, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, para que, en un plazo de cuatro días, entregue los videos originales sin editar de las cámaras de seguridad internas y externas, correspondientes al 19 de noviembre.