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El abogado Juan Monroy fue el jurista con cuyo informe legal se habilitó que el consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero pudiera licitar con el Estado y ganar el contrato para la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur.

Monroy ha negado que haya actuado irregularmente y ha dicho que la fecha en la que presentó el informe fue posterior a la adjudicación de la obra. El problema para él es que este alboroto se le ha revertido como por efecto boomerang y lo que dijo ante el Congreso está siendo severamente cuestionado.

Correo tuvo acceso a nueva documentación que da más luces sobre su participación en este proceso.

Por ejemplo, la factura que giró Monroy por $14,280, no sería la única que presentó por su asesoría legal en este mismo proceso.

Otra factura, esta vez por $12,495, demuestra que sus opiniones y análisis jurídicos, por estos mismos contratos de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4 sumaron en total $26,775 (veintiséis mil setecientos setenta y cinco dólares americanos).

Fueron en total cuatro informes que elaboró Monroy para este proceso. El primero fue el de la controversia, pues en su presentación ante la Comisión “Lava Jato” afirmó que “era imposible” que haya podido desarrollarlo en tan poco tiempo, poco más de dos horas según la línea de tiempo (ver infografía) y por tanto le habrían “adulterado” las fechas de ingreso. Monroy además señaló que él recordaba haberlo presentado “entre el 8 y 10” de agosto.

El segundo informe lleva fecha 23 de agosto del 2005 y es ampliatorio del anterior, en el que efectivamente Monroy sí realiza un análisis jurídico de siete páginas, a diferencia del otro en el que solo da su opinión basada en los datos recibidos por ProInversión. “Le explicaron el caso por teléfono y la información se la enviamos por fax”, nos dijo una fuente del interior de ProInversión.

Estos dos informes motivaron la primera factura N° 1055 por $14,280.

MÁS INFORMES. El 8 de setiembre, Monroy presenta otro informe de 21 páginas, que contiene “los resultados del análisis de los actuados judiciales en los cinco procesos indicados por la Contraloría, en los que, según esta, se habrían configurado los impedimentos respecto de las empresas que conforman los consorcios ganadores de la buena pro, en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, como se advierte de la carta remitida a ProInversión el pasado 3 de agosto”, refiere textualmente el documento.

Cuatro días después, el 12 de setiembre, Monroy presenta un nuevo informe en respuesta a la consulta de ProInversión, esta vez de 15 páginas, que contiene la respuesta al oficio N° 802-2005 emitido por la Contraloría, en el que da cuenta de la existencia de un proceso penal tramitado ante el 3er Juzgado Penal de Huamanga contra funcionarios y directivos de la empresa Contratista Norberto Odebrecht S.A.

Su conclusión es que, a pesar de este proceso judicial, esta empresa “no incurre en el impedimento” al que se refiere la Contraloría.

Estos dos informes, del 8 y 12 de setiembre, corresponden a la factura N° 1076 por $12,495, que tiene concepto detallado.

Monroy no quiere conversar con Correo, pero queda claro que no ha dicho toda la verdad ante la prensa ni ante la Comisión “Lava Jato” sobre el otro cobro en una factura separada.