Cuando trascendió que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, le abrió una pesquisa por organización criminal a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, por supuestas injerencias en el Caso Lava Jato, todo hacía pensar que los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez pasarían por lo mismo. Y su hora llegó.

El fiscal supremo provisional José Fernando Timarchi Meléndez, de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, comenzó una investigación preliminar que involucra a Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y al fiscal Domingo Pérez, integrante de dicho equipo.

La indagación, que también alcanza a la procuradora ad hoc Silvana Carrión, a su antecesor Jorge Ramírez, y a la fiscal Diana Canchihuaman Castañeda, es por los presuntos delitos de organización criminal, prevaricato y encubrimiento real y personal.

NEGLIGENCIA

Las dos investigaciones, la dirigida por la fiscal de la Nación y la abierta por el fiscal supremo Timarchi Meléndez, tienen como punto de partida la denuncia interpuesta por los abogados Luis Francia y Luis Mandujano, defensores del empresario Gonzalo Monteverde, prófugo desde 2018.

Ambos sostienen que los miembros del Equipo Especial Lava Jato otorgaron inmunidad legal a Odebrecht y a sus funcionarios, concesiones que se reflejan, por ejemplo, en la suscripción de un polémico acuerdo de colaboración eficaz que beneficiaría a la compañía brasileña y a sus exdirectivos.

Francia y Mandujano argumentan, por ejemplo, que Rafael Vela participó en las coordinaciones con el Ministerio Público brasileño para recoger declaraciones de los directivos de la constructora en dicho país, cuando esa labor jurisdiccional le correspondía a Pérez.

Los defensores de Monteverde también cuestionan los acuerdos de cooperación por el caso Kuntur y el Gasoducto Sur Peruano.