Acuerdo con Odebrecht establece candado para contratar con el Estado

Actualizado el 16/02/2019, 02:12 p.m.

Oleado y sacramentado. El Acuerdo de Colaboración con la constructora Odebrecht se selló en Brasil, con la presencia de los fiscales peruanos y la Procuraduría Ad Hoc. Su suscripción, no exenta de polémicas, abre una veta sin horizonte en las investigaciones del caso “Lava Jato”.

El documento tiene 1200 páginas y contiene la firma de 10 representantes de las partes. Su suscripción se prolongó por casi cinco horas.

En su aspecto más novedoso, el acuerdo incorporó en uno de sus puntos la obligación de la constructora de cancelar S/450 millones de deuda tributaria y la primera cuota de la reparación civil (S/80 millones) como requisito para contratar con el Estado peruano.

Así lo anunció el procurador ad hoc Jorge Ramírez durante la conferencia de prensa que se realizó en la sede del Consulado de Perú, en Curitiba, donde se firmó el documento.

INTERESES

“En este año estaría entrando al tesoro público por concepto de pago de tributos S/450 millones, más los S/80 millones que corresponden a la reparación civil. Es decir, ingresarán S/530 millones”, indicó el procurador Ramírez, quien estuvo acompañado de Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial “Lava Jato”, del fiscal José Domingo Pérez y de la procuradora adjunta Silvana Carrión.

En la conferencia, también se reveló que Odebrecht pagará intereses adicionales al monto fijado de S/610 millones a cancelar en 15 años. Estos serán abonados al final de la última cuota.

“Los intereses legales que hemos calculado ascenderían al monto de 150 millones de soles, que se tendrían que sumar a los 610 millones. Eso da un total de 760 millones”, expresó Ramírez.

En otro momento, acotó que existe también un “interés moratorio” fijado en caso de un incumplimiento de las cuotas anuales.

DETALLES

El acuerdo contempla además que los fiscales peruanos tengan acceso a los servidores My Web Day y Drousys, sistemas creados a solicitud de Odebrecht para mantener un registro de las transferencias financieras que la empresa hizo para sus actividades ilícitas a través de la Caja 2.

Vela Barba explicó que dichos servidores se encuentran en custodia “de la Policía Federal brasileña y de un proveedor de la propia empresa Odebrecht”.

El fiscal coordinador precisó que el sistema judicial carioca “protege a sus delatores premiados” del caso, entre los que figuran la empresa Odebrecht y 75 ejecutivos; por lo que se requería la firma de un convenio que evite la restricción de información a la Fiscalía peruana.

“A partir de haber materializado este acuerdo, los interrogatorios, las programaciones y todo lo que corresponde al acceso de las exigencias del sistema de administración de justicia peruano no tendrán ninguna restricción. Hay una plena colaboración en ese aspecto”, sostuvo.

Asimismo, señaló también que se ha establecido la revocación de los beneficios a los delatores que no entreguen la totalidad de información requerida o brinden testimonios falsos.

Entre tanto, Ramírez manifestó que el convenio generará “un efecto dominó” para que otras compañías comprometidas con coimas a funcionarios “se acerquen a colaborar y den información de manera oportuna y eficaz”.

El acuerdo, no obstante, fue objeto de algunas críticas en el Perú. Se ha cuestionado que solo se haya suscrito por 4 obras y excluido al Gasoducto Sur Peruano, la más cara de la historia del país.

Además, que no haya obligado a la empresa a renunciar a las demandas internacionales que ha interpuesto contra el Estado peruano.

Odebrecht también mantiene una deuda con Cofide por $228 millones que no ha sido incluido en el convenio.