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Agendas de Nadine: Juez prioriza el interés público

Magistrado Richard Concepción Carhuancho desestima supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la pareja Heredia-Humala y da prevalencia al derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos.
Agendas de Nadine: Juez prioriza el interés público

Agendas de Nadine: Juez prioriza el interés público

18 de Abril del 2017 - 23:05 » Textos: Damián Retamozo » Fotos: Diario Correo

Culminada la audiencia en la que el juez dictaminó que las agendas de Nadine Heredia serán consideradas como piezas probatorias, un reportero lanzó una pregunta incómoda al abogado de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza.

“¿Por qué tanta resistencia a que las agendas sigan en el proceso? Si no contienen nada incriminatorio no habría por qué preocuparse, quien no la debe, no la teme”.

Pedraza, exministro de Ollanta Humala, optó por la ambigüedad: “Se tiene que respetar el debido proceso. No se puede considerar como prueba unos documentos que fueron robados y adulterados”.

El juez Concepción Carhuancho presidió este martes la audiencia de más de siete horas en la sede de la Sala Penal Nacional para dilucidar el pedido de Heredia y Humala.

Ambos, de la mano con Pedraza, tenían la esperanza que el juez les conceda razón sacando las agendas del proceso. Pero ocurrió todo lo contrario.

Los fundamentos centrales de la resolución judicial son los que siguen.

Según el juez, el concepto de “prueba prohibida”, es decir obtenida mediante la vulneración de los derechos fundamentales”, es un tópico en extinción en el mundo.

“Ese tópico está en franca retirada. Es cada vez mayor la tendencia en el mundo a usar las pruebas ´prohibidas´ para llegar a la verdad {…] salvo en casos muy graves en los que el interés privado esté por encima del interés colectivo”.

Este no sería el caso.

Añadió que los derechos fundamentales no tienen carácter absoluto, pues tienen limitaciones intrínsecas (esenciales) y extrínsecas (externas, no esenciales).

Corresponde a los jueces sopesar, ponderar si estos derechos de carácter individual van en desmedro del interés público, dejó entrever el magistrado.

Argumentó que el derecho de la sociedad a conocer el esclarecimiento de los hechos públicos está amparado por la Constitución, por la casuística del Tribunal Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Este despacho -resolvió Concepción Carhuancho-, va desestimar de plano el pedido de los procesados. No existe elemento de convicción alguno que ponga de manifiesto la vulneración de los derechos fundamentales de los investigados”.

Por ejemplo no existe una resolución judicial firme que respalde la tesis del robo y adulteración de las agendas. “Sólo está sustentado en una versión de la investigada Nadine Heredia”, dijo el juez.

Sin embargo, “su palabra se encuentra devaluada”, dijo el juez y pasó a citar los episodios en los que Heredia negó la titularidad de las agendas para aceptarlas después; luego negó que fueran de su puño gráfico para admitirlo luego.

En cuanto a la conducta procesal de Heredia, el dictamen judicial consigna que ha estado orientado a “obstaculizar la actividad probatoria” en forma sistemática.

Para sustentar esto último citó la intención de la señora Heredia de distorsionar su grafía durante la pericia grafotécnica realizada por el Ministerio Público en noviembre de 2015.