Redacción Diario Correo

El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), dijo que irá “hasta las últimas consecuencias” en su denuncia sobre presunto reglaje contra el periodista José Miguel Hidalgo. El reportaje de Cuarto Poder revela que la autoridad aún mantiene una relación sentimental con la madre de su hijo y que este a su vez habría contratado a su cuñada en su despacho.

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“Respeto la libertad de prensa, pero no permitiré que nadie ponga en peligro los derechos de mi familia. No cederé ante ninguna presión mediática, chantaje o reglaje que amenace la integridad de mi hijo. Lucharé con todas mis fuerzas y hasta las últimas consecuencias”, dijo el titular del Parlamento, Alejandro Soto en su cuenta de “X”.

En la denuncia penal, el congresista solicita que la sanción contra el periodista sea de cuatro años de pena privativa de libertad y 180 días de multa; además, pide una reparación civil de 70 mil soles.

Al respecto, Mauricio Aguirre, director de Cuarto Poder, señaló que la denuncia de Alejandro Soto es parte de su desesperación. “El tema por sí solo se cae en verdad y es parte de la desesperación de Soto, porque digamos es ‘ampay Soto’. Todo es absurdo y lo que siento es que esto es parte de una desesperación del presidente del Congreso porque no quiere responder el tema de fondo”, dijo Canal N.

Gremios periodísticos

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) lo instó a retirar la denuncia contra el periodista por considerar que “un reportaje no puede ser considerado reglaje”, pues “sentaría un pésimo precedente que afectaría la libertad de expresión y rendición de cuentas a la ciudadanía”.

Señala que de proceder la denuncia se “equipararía la búsqueda de la verdad a través del periodismo con una práctica delictiva”. “La denuncia de Soto resulta descabellada -pero peligrosa- dado que el delito de reglaje se configura cuando se tiene el objetivo de atentar contra la seguridad de las personas. Queda claro que el reportaje no busca ello, sino transparentar a la ciudadanía que el presidente del Congreso sí mantiene una relación con una mujer a cuya hermana contrató en su despacho, y que habría mentido al señalar que tal relación no existía”, indica.

El CPP enfatiza que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ha señalado que los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio público, debido a que se han expuesto de voluntariamente por la naturaleza de su trabajo”.

A su turno, el asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, calificó a la denuncia como una situación “descabellada”, pues la conducta no se condice con el tipo penal. “En las páginas iniciales de esta denuncia se aprecia que la imputación es por el delito de reglaje, lo cual sin duda significa un amedrentamiento, un atentado, diría yo, contra la libertad de expresión, porque la finalidad de este tipo de imputaciones, manifiestamente descabelladas, no es otra que poner contra la pared a los periodistas, amedrentarlos”, señaló en RPP.

Reportaje

De acuerdo con el reportaje de “Cuarto Poder” con la nota titulada “Alejandro Soto: Relaciones negadas”, el titular del Congreso fue grabado el miércoles 12 de junio por la mañana saliendo del edificio en donde vive ubicado en el distrito de Surco.

Del mismo lugar fue captada Lizeth Peralta Salas, la mujer que fue negada por el titular del Parlamento y con quien tiene un hijo. Si bien el congresista de Alianza para el Progreso (APP) negó su relación con Lizeth Peralta y la calificó como algo “fugaz”, lo cierto es que el dominical los registró a ambos en diferentes días del mes de abril junto a la madre de su hijo.

¿Por qué es importante evidenciar la relación que ambos mantendrían y que conviven? Porque Yeshira Peralta Salas, hermana de Lizeth Peralta, fue contratada como coordinadora del despacho de Soto, según un reportaje emitido en julio del año 2023.

En aquella ocasión, Soto Reyes negó haber contratado a quien puede ser considerada su cuñada, porque afirmó que no tenía una relación sentimental con Lizeth Peralta. Así, logró salvarse de una sanción en la Comisión de Ética del Congreso.

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