El expresidente Alejandro Toledo autorizó a su abogado para gestionar un pedido de indulto humanitario tras argumentar el deterioro de su condición médica, según confirmó su defensa legal. La solicitud estaría dirigida a la futura autoridad que asuma la Presidencia de la República, en el marco de las atribuciones que contempla esta figura legal.

El abogado Carlos Torres Caro señaló durante una entrevista en Exitosa, que la decisión del exmandatario se formalizó mediante un documento escrito. En ese contexto, se evalúa presentar el requerimiento una vez que se concrete el cambio de gobierno en el país.

Solicitud estaría dirigida al próximo gobierno

El letrado también explicó que el pedido no sería presentado de inmediato ante la administración de José María Balcázar. La estrategia legal considera que el trámite se realice cuando asuma la nueva gestión presidencial de Keiko Fujimori.

En esa línea, precisó que el documento sea ingresado después del cambio de mando del 28 de julio. Según explicó Torres, en dicho momento la autoridad entrante tendría la facultad de evaluar el pedido dentro de sus competencias.

El representante legal también mencionó que la administración saliente tendría un periodo limitado para analizar este tipo de solicitudes. Bajo ese argumento, se optaría por esperar la instalación del nuevo gobierno para presentar el expediente.

Defensa insiste en inocencia del exmandatario

El abogado señaló que Alejandro Toledo mantiene su posición de inocencia en el proceso judicial que enfrenta por el caso Odebrecht. Además, indicó que para su defensa se habría presentado información adicional sobre los fondos investigados.

“Él ha presentado una nueva prueba, anunciando que el dinero que se señala que él habría recibido, pues nunca lo recibió (...) hay una persona que tiene el dinero (...) él siempre sigue anunciando su inocencia, pero ante la situación de enfermedad que lo aqueja, tiene que llevar a cabo una situación como esta, de pedir un indulto”, precisó.

Si la solicitud prospera, corresponderá a la nueva administración determinar si corresponde otorgar o rechazar la medida. El caso se desarrolla en paralelo al proceso judicial que continúa su curso en el sistema de justicia peruano.

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