Una de las personalidades públicas más prestigiosas en el Perú y la región, el embajador Allan Wagner Tizón, presidente de Transparencia y un referente técnico del mandatario Martín Vizcarra, analiza con nosotros el escenario político posreferéndum. Subraya las reformas políticas pendientes que, a su juicio, están incompletas o incipientes y el país necesita antes de entrar al 2021. Defiende la inmunidad parlamentaria, pero es frontal por la manera en que es utilizada en el actual Congreso.

El excanciller admite que el acuerdo judicial con Brasil no satisface a todos, pero que es la manera de poder avanzar en los procesos en marcha.

¿Le otorgan estos resultados del referéndum, cercanos al 80%, un poder excesivo o peligroso al Presidente de la República?

Mire, lo que estos resultados señalan es la acogida de la población a las reformas que impulsa el presidente Vizcarra. En ese sentido, ha recogido positivamente el llamado que el presidente hizo el 28 de julio. Yo creo que ese es un hecho muy importante que nos debe llenar de satisfacción a todos. Por otro lado, es evidente que esto fortalece el liderazgo del Presidente y, como lo ha remarcado él mismo, no hay vencedores ni vencidos. Con esto, él ha evidenciado restablecer el clima con el cual debe tomarse este resultado.

Opositores afirman que sería un riesgo para la gobernabilidad un poder excesivo en manos del Presidente. ¿Hay riesgos?

Bueno, yo creo que ese no es el caso. Es decir, es una especulación que no tiene fundamento, a mi modo de ver. Porque el presidente Vizcarra no está mostrando una tentación totalitaria, o autoritaria, como sí lo hemos tenido en años anteriores. Yo veo que esas son especulaciones que carecen de fundamento. Y, más bien, el presidente Vizcarra ha hecho un llamado a buscar una forma de entendimiento que permita avanzar en la agenda prioritaria para nuestro país.

Los ciudadanos han recuperado protagonismo en la vida política del país. Es probable que Vizcarra apele a nuevas consultas a la población. ¿Eso sería aconsejable?

Bueno… eso está por verse, ¿no? Dependerá de cómo se desenvuelva la nueva agenda política posreferéndum. Yo diría que dependerá de cuáles son las reformas que sean acordadas, de si estas reformas van a requerir de una reforma constitucional, en cuyo caso sí sería necesario recurrir a un referéndum.

Autodisolución del Congreso, Asamblea Constituyente, adelanto de elecciones, proponen algunos sectores. ¿Son viables?

Yo, personalmente, no soy partidario de un cierre del Congreso, sea por cualquier mecanismo, incluso por la autodisolución que ha mencionado un congresista. Tampoco de la necesidad de una Asamblea Constituyente. En este momento no se percibe la necesidad de una asamblea. Las reformas que necesitamos se pueden hacer a través del procedimiento de las enmiendas, de procedimientos establecidos en la Constitución. No veo ninguna necesidad de una nueva Constitución, eso solo se justificaría en la medida que se necesitara hacer una gran reforma del Estado y es un tema que no está planteado. Yo dejaría de lado ese tipo de planteamientos.

¿Cuáles son las reformas que faltan completar?

Lo importante es que nos planteemos, posreferéndum, una etapa en la cual las fuerzas políticas puedan concertarse para avanzar en el proceso de reformas, en el campo político, social y económico.

Empecemos por el capítulo político.

En el campo político hay que completar la reforma del sistema de justicia. Lo que se ha dado es un primer paso. Hay siete proyectos de ley pendientes en el Congreso, entre ellos está la creación del Consejo Nacional para la Reforma de la Justicia, que va a ser el organismo a través del cual se va continuar impulsando políticas y, técnicamente, el proceso de reforma del sistema de justicia, que es un proceso de largo plazo. En la reforma política, por ejemplo, hay cuestiones tan importantes como la redefinición de los distritos electorales. Actualmente, las circunscripciones electorales son cada departamento, o sea, cada región, y eso es demasiado grande y no permite una relación adecuada entre electores y elegidos, con lo cual la calidad de la representación está disminuyendo. Nos estamos convirtiendo más en una democracia electoral que una democracia representativa.

La otra reforma pendiente es el tema electoral. 

La reforma electoral es algo que está a medio camino. Se planteó, por ejemplo, la necesidad de avanzar en un código electoral. Ese fue un trabajo que hizo la congresista Patricia Donayre con un grupo de trabajo que presidió, pero se prefirió darle prioridad a temas más urgentes con vista al proceso electoral que se avecinaba (elecciones municipales y regionales) y eso quedó truncado. Habría que retomarlo.

¿Qué hay de la bicameralidad?

El voto del domingo lo ha rechazado. Desgraciadamente, el restablecimiento de la bicameralidad fue frustrado debido a la inclusión, a última hora, de una cláusula que le corta al Ejecutivo las posibilidades de hacer cuestión de confianza, que es un elemento de balance entre los poderes del Estado, tal como lo ha señalado recientemente el Tribunal Constitucional. Yo lo lamento mucho, porque yo soy partidario de la bicameralidad, y muchos lo somos. Habría necesidad de retomar ese tema, examinarlo con toda serenidad y ver si es posible restablecer la bicameralidad con miras al año 2021.

¿Es usted partidario de eliminar la inmunidad parlamentaria?

Mire. Lamentablemente, el comportamiento de varios legisladores ha dado lugar a que se abra el debate en ese sentido. Hay que reconocer la lentitud y la poca acción del Congreso para sancionar a los congresistas que han cometido actos desde reñidos con la moral hasta, francamente, delictivos; o congresistas que, al momento, tienen sentencias vigentes y que el Congreso no levanta su inmunidad para que puedan ser aplicadas. Realmente, estamos en una situación complicada. Esto es lamentable, aparte del descrédito en que ha caído el Congreso (...). Ahora, en puro derecho, yo no soy partidario de que se elimine la inmunidad parlamentaria.

El Congreso aprobó la semana pasada la ley que establece penas menores a los partidos que incurran en lavado de activos durante sus campañas. ¿Esta reforma política es positiva?

Esa ley ha creado una modalidad de lavado de activos atenuada, con penas menores. Pero, además, con un dispositivo que es totalmente inconstitucional, que es la facultad que se le confiere a la ONPE para que este órgano determine en qué caso se ha cometido lavado de activos y en qué casos no. Esa es una función que corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público. No corresponde a la ONPE, que es un órgano administrativo. Ese es un ejemplo de lo que estamos conversando, un tema introducido a último minuto, exonerado de segunda votación. Es otro ejemplo de lo mal que está funcionando el Congreso.

¿Se requiere, a su juicio, revisar las facultades de la ONPE en su rol de fiscalizar los fondos de los partidos?

Esa es una propuesta que hemos hecho en Transparencia, que se fortalezcan las capacidades de la ONPE para examinar los ingresos y los gastos de los partidos y candidatos en las campañas electorales.

¿La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) requiere de mejores herramientas legales para su trabajo?

En Transparencia propusimos que la Unidad de Investigación Financiera pudiera determinar movimientos sospechosos de dinero, reportarlos a la ONPE, y que esta pueda tomar cartas en el asunto. Lamentablemente, no fueron acogidas por el Congreso. Esa es una de las cosas en las que habría que insistir. Por otro lado, las funciones de investigación no corresponden a la ONPE. Si hay dinero ilícito en las campañas electorales, es necesario encontrar la forma de poder detectar esos movimientos de capital, y no lo puede hacer la ONPE, sino la UIF. Es una facultad que hasta el momento el Congreso no ha querido dar. La UIF puede detectar movimientos de capital extraños, pero tiene que reportarlo al Ministerio Público y seguir todo un movimiento largo que resulta poco práctico, porque no permite que la ONPE pueda rápidamente actuar.

¿Es necesario restablecer los informes mensuales de los partidos a la ONPE en época de campaña? 

El Congreso modificó algo que existía, que los partidos políticos debían informar a la ONPE sobre ingresos y gastos a lo largo de los procesos electorales de acuerdo con un calendario que la ONPE establecía. Esto fue eliminado y reemplazado por un único informe con posterioridad al proceso electoral, con lo cual deja de tener relevancia. Eso es algo que se tiene que revisar.

¿Hay, a su juicio, excesos en el uso de prisiones preventivas contra acusados que aún no tienen sentencias, todavía en etapas preliminares?

En primer lugar, es importante señalar que las decisiones han sido tomadas por las autoridades competentes, sin ningún tipo de interferencias. Esas medidas cautelares fueron propuestas por el fiscal y aprobadas por el juez competente, eso me parece muy importante. En cuanto a las medidas en sí, pienso que habría que ser muy prudentes en el uso de estas medidas cautelares, porque se está afectando la liberad de las personas, que es el bien más preciado que protege la Constitución. Para eso, el TC ha establecido unas pautas que deben ser observadas. Además, también hay que señalar que, dentro del debido proceso y el Estado de derecho que nos rige, hay la posibilidad de apelación a esas medidas. Creo que en las medidas cautelares hay que ser prudentes. Pero también hay que ponerse en los zapatos de los fiscales y los jueces, si de vedad existe o no un riesgo procesal, si existe o no que el proceso pueda frustrarse por fuga u otro tipo de interferencia.

Se afirma que el acuerdo judicial con Odebrecht garantiza la impunidad y fija una reparación insuficiente ¿Qué ganamos a cambio?

Ese el tipo de acuerdos que Brasil ha firmado con otros países involucrados en el tema “Laja Jato”, y es la manera de poder avanzar en los procesos que tenemos en marcha en el Perú y otros que se pueden abrir como fruto de la información que se reciba. Ahora, hay que poner en la balanza la posibilidad de avanzar en la limpieza de los casos de corrupción en nuestro país y, por otro lado, la posibilidad de que la empresa pueda colaborar. Es algo que hay que ver con objetividad.

La señora Keiko Fujimori está en prisión sin que se le haya abierto investigación preparatoria. ¿Es un caso de arbitrariedad judicial? 

Desde el punto estrictamente legal, no es una medida arbitraria porque es una prisión preventiva. Todavía está en marcha la elaboración, por parte de la Fiscalía, lo que eventualmente sería una acusación. Ahí volvemos al tema anterior, que es el uso de las medidas cautelares. En ese sentido, reitero lo que ya dije: que hay que aplicarlas con mucha prudencia.

¿Cómo resolver el caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry?

La situación del Fiscal de la Nación está en manos del Congreso. Hay cuatro acusaciones constitucionales que están pendientes de ser consideradas y resueltas por el Congreso, y el este determinará lo que corresponda, es el órgano llamado a resolver esta situación. Por otro lado, en la eventualidad de que el fiscal de la Nación pudiera tomar medidas (contra fiscales del caso “Lava Jato”) que a ojos vistas pudieran significar una interrupción del trabajo que se está haciendo para procesar los casos en cuestión. Eso sería, yo creo, sumamente negativo para él. Y, naturalmente, eso significaría una reacción de la parte de la ciudadanía.

¿Le sorprendió la negación de Uruguay al pedido de asilo de Alan García? 

No. No, porque -como opiné en su momento- en el Perú no hay persecución política y el derecho de asilo diplomático ha sido concebido precisamente para casos de persecuciones por razones políticas, religiosas. De manera que no me sorprendió que el Gobierno uruguayo tomara esa determinación.