La tensión por el segundo lugar de las Elecciones Generales 2026 continuó ayer, pero la conclusión es que tiene para rato.

Roberto Sánchez Palomino mantiene el segundo lugar de la primera vuelta con 1′873,580 votos, frente a los 1’841, 506 que acumula Rafael López Aliaga.

La diferencia entre ambos asciende a 32,074 sufragios, una brecha delgada frente al universo de votos que todavía no ingresa al cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a menos del 95% del conteo total.

¿Por qué razón no ingresa a la contabilidad ese 5%? Pues, porque corresponden a las actas observadas e impugnadas, que tendrán un largo proceso legal-electoral.

Pendientes

De acuerdo a la ONPE, un total de 4,646 actas han sido derivadas a diferentes jurados electorales especiales (JEE) de diversas circunscripciones.

Por ahora, permanecen fuera de la contabilización de votos y podría cambiar el frágil orden que mantienen el segundo y tercer lugar.

Estas actas no forman parte de los resultados que se publican actualmente en el portal oficial.

Solo ingresarán al cómputo una vez que cada JEE correspondiente subsane las observaciones o resuelva las impugnaciones planteadas por los personeros.

Lima concentra la mayor carga con 876 actas derivadas al JEE, cifra que casi duplica a Piura, que registra 391 actas. Le sigue La Libertad (369) y Loreto (334).

Estas cuatro jurisdicciones agrupan 1,970 actas, equivalentes al 42.4% del total nacional.Le siguen Áncash (239), Cajamarca (227) e Ica (226).

Esas siete regiones concentran el 56.7% de todas las actas en disputa.

De otro lado, las circunscripciones del extranjero registran 220 actas enviadas al JEE.

La distribución por continente revela una concentración marcada en el hemisferio occidental.

América encabeza la lista con 147 actas, seguida de Europa (73). Oceanía registra apenas un acta, mientras que África y Asia no presentan ninguna observación.

El politólogo Jean Carlos Rodriguez Avilez explicó a Correo que el peso electoral de las actas enviadas al JEE aún están en “juego” dentro del cómputo oficial.

“Máximo deberían haber 300 votos, ya que cada mesa o acta corresponde a 300 ciudadanos.

Pero por el tema del ausentismo, alrededor del 30% de la población no fue a votar.

Entonces, la mayoría de actas está registrando cerca de 200 a 220 votos”, indicó.

Según sus cálculos, alrededor de 1 millón de votos a nivel nacional deberán resolverse antes de definir al próximo candidato presidencial que pase a una segunda vuelta, según la referencia técnica de Rodriguez Avilez.

En el exterior, el especialista identificó que el ausentismo es de alrededor del 85%.

“Por lo que por cada 300 votantes registrados deben haber votado unos 45″, advirtió Rodriguez.

Bajo ese criterio, las 220 actas del exterior representarían apenas unos 9,900 sufragios, un volumen significativamente menor al que podría sugerir su número.

No obstante, López Aliaga aventaja a Sánchez en 35,949 votos en esa circunscripción, una diferencia que por sí sola supera la brecha global entre ambos candidatos.

Causales

La ONPE establece diez causales para el envío de un material electoral al JEE.

Las primeras cinco corresponden a actas observadas, como aquellas sin datos en la columna de votos, las incompletas por ausencia del total de ciudadanos que sufragaron y las que presentan error aritmético en sus cifras.

Luego están las ilegibles por borrones o caracteres no reconocidos, y las que carecen de la cantidad mínima de firmas de los miembros de mesa.

Las cinco causales restantes abarcan actas con votos impugnados, ya sea por cuestionamiento a la identidad del votante o al voto mismo durante el escrutinio.

También están las actas con solicitud de nulidad interpuesta por personeros acreditados y actas extraviadas que no llegaron a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) por causas ajenas a la violencia.

Asimismo, están las actas siniestradas cuyo material electoral fue afectado por actos de violencia o atentados contra el derecho al sufragio y, finalmente, aquellas que combinan dos o más de las observaciones anteriores.

Para Rodriguez, las causas más frecuentes para que un acta sea derivada al JEE son los errores numéricos en la sumatoria de votos, discrepancias entre el número de votantes y los sufragios registrados, así como la ausencia de firmas de los miembros de mesa o falta del registro del horario de inicio del proceso.

“Esas actas recién se van a sumar cuando el JEE respectivo termine de subsanar la observación o de definir si la improcedencia o la observación que haya habido por parte de algún personero se termine definiendo a favor o en contra”, precisó.

Proceso

Una vez que el acta llega al JEE, el proceso de revisión se inicia con la convocatoria a una sesión formal para evaluar cada acta derivada.

Rodriguez detalla que, en el caso de las actas observadas, el jurado revisa si la inconsistencia es subsanable.

Incluso, el JEE identifica si el problema reside en la sumatoria de votos o en el registro de ciudadanos que sufragaron, y busca la manera de validar el documento.

“En la mayoría de casos, por el principio de supremacía del voto, lo que se va a tratar de hacer es salvaguardar que las actas terminen siendo validadas”, sostuvo.

Solo cuando la subsanación resulta imposible se declara la nulidad del acta.

En el caso de las actas con votos impugnados, el procedimiento varía. El JEE evalúa la pertinencia de cada impugnación y determina si el voto cuestionado debe ser declarado nulo o válido para alguna organización política.

Una vez resuelta esa evaluación, recién se procede a contabilizar la totalidad del acta.

El especialista subrayó que ese proceso se aplica acta por acta y voto por voto, lo que explica la demanda de tiempo que implica resolver miles de documentos de forma simultánea en distintas jurisdicciones del país.

El sistema distribuye esa carga entre aproximadamente 90 Jurados Electorales Especiales a nivel nacional.

Sin embargo, la concentración de actas en determinadas jurisdicciones genera un desequilibrio procesal evidente.

Lima, con 876 actas derivadas al JEE y 1,169 actas pendientes de contabilización, soporta la mayor presión del sistema.

El politólogo advirtió que esa acumulación convierte a la capital en el cuello de botella del proceso.

“La carga procesal de los jurados de Lima sí va a ser un poco compleja”, señaló.

Sobre los plazos, Rodriguez fue cauteloso. La normativa electoral no establece un tiempo máximo para que los JEE resuelvan las actas a su cargo, lo que abre la puerta a distintos escenarios.

En el mejor de los casos, el grueso de las resoluciones podría cerrarse antes del fin de la presente semana. En un escenario intermedio, el proceso se extendería entre una y dos semanas.

“En el peor de los casos, estaría definiéndose a inicios de mayo”, estimó Rodríguez Avilés. Reconoció que esa proyección implica ser, en sus propias palabras, muy generosos con el plazo.