No mostró una pizca de arrepentimiento por la muerte de cuatro policías y dos civiles.

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El ex mayor del ejército Antauro Humala Tasso, delirante personaje de la izquierda peruana, organizó un inesperado mitin político en la puerta del penal Ancón II megáfono en mano.

Abandonó ayer la prisión hacia las 3:55 de la tarde en virtud de una decisión administrativa del INPE, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, tras cumplir 17 y 7 meses de condena de los 19 que establece la sentencia.

Según una resolución directoral de la prisión Ancón II le corresponde un año y siete meses de redención de la pena por 3.667 días de trabajo y/o estudio.

Todos esperaban -como es corriente - que se metiera en un coche de lunas oscuras y saliera raudo hacia algún lugar de Lima, con alguna dosis de vergüenza.

Antes bien, salió con el rostro erguido, provocador, y parafraseó a Fidel Castro (“la historia me absolverá”) frente a sus seguidores para decirles que “son los hechos, o sea la historia los que nos dan la razón”.

“Ahora estamos nuevamente fuera, y les puedo decir que nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón”, dijo.

“!Viva¡” !Antauro presidente¡”, respondieron sus partidarios, en gran mayoría fanatizados ex soldados desempleados.

Humala aprovechó con astucia las cámaras de la TV y la prensa para enviar un mensaje elaborado con premeditación en el que remarcó su orientación radical: “Considero que las banderas de Locumba y Andahuaylas están vigentes (...) Ahora, mas fuerte que nunca”.

Implícitamente lanzó candidatura presidencial: “La derecha ha fracasado durante dos siglos y vemos que la izquierda también fracasa […] entonces solo nos queda, en esta situación de emergencia nacional […] que entre a gobernar simplemente el sentido común patriótico”.

ILEGAL

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En el plano legal no hay consenso. Según el penalista y jurista Carlos Caro Coria la decisión del INPE es “ilegal”.

Afirma que el Art. 51.1 del Código de Ejecución Penal (CEP), reformado en 2019, establece que “no es procedente el beneficio penitenciario de la redención de la pena por el trabajo o estudio para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados con el crimen organizado conforme a la Ley 30077″.

Dicha Ley, añade, incluye los delitos de secuestro, sustracción o arrebato de armas , delito por los cuales Humala está condenado.

“El INPE ha aplicado la Ley 28760 del año 2006, una norma anterior que está derogada tácitamente”, precisa.

En otro ángulo, señala que “la redención de la pena solo procede cuando el condenado ha pagado el íntegro de la reparación civil, de acuerdo con el Art. 210.5 del CEP.

El tribunal estableció una reparación civil de S/ 2´283.000, de los cuales solo ha abonado S/ 130 mil.

Caro Coria también remarca que, según la norma reciente del CEP, Art. 210.5, “en caso de secuestro con consecuente muerte se requiere la presentación de un informe del área psicológica que precise el grado de rehabilitación del interno que implique razonablemente que no constituye peligro para la sociedad” .

“Dicho informe debe ser valorado por un juez , no por el director de un penal”, añade el penalista.

Asimismo, “el Art. 491 del nuevo Código Procesal Penal (norma posterior y con rango de Ley) ordena que todo incidente sobre extinción o vencimiento de la pena debe ser resuelto por el juez, previa audiencia. Por ende, esa facultad del director del penal, está derogada”.

“La sentencia condenatoria señala una fecha de salida del penal. El único que puede modificar esa fecha es el Poder Judicial”, concluye el experto.

“Con base en estas razones

-comentó el constitucionalista Luciano López Flores- los deudos de los policías asesinados o la Fiscalía, o ambos, pueden recurrir al juez de ejecución de la pena para pedirle el control judicial de la decisión del INPE”.

ESTADO PSICOLÓGICO

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En opinión del jurista Luis Lamas Puccio, el INPE sí tiene competencia administrativa sobre el cómputo del tiempo para la redención de la pena.

Sin embargo, cuestiona que el Ministerio de Justicia no haya publicado la resolución directoral del INPE.

" ¿Cuál es el criterio puesto en práctica? Es importante que el Ministerio de Justicia la publique de inmediato. Lo que hay es solo un comunicado, falta la resolución administrativa”

“No solo se trata de un cómputo de horas y días (...) ¿ Cuál es el trabajo o qué estudios hizo Humala?. Falta saber estos detalles!”.

Agrega que el INPE no es la última palabra en este caso.

Cualquier ciudadano puede plantear una acción de amparo y pedir una medida cautelar.

“Asimismo - subraya Lamas Puccio- tiene gran importancia la evaluación psicológica. No se conoce la evaluación”.

La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Telllo considera que le excarcelación de Humala cumple con los estándares legales vigentes.

“Tengo la misma indignación de muchos pero también creo que la justicia no es venganza y que una persona que cumple su condena tiene que salir en libertad”, señala.

Al respecto, el ministro de Justicia, Félix Chero, afirma que es lo que “corresponde acuerdo a ley”.

Según su versión, a principios de año no era posible liberar a Antauro Humala.

“En ese entonces no cumplía con el plazo para redención de la pena por trabajo y educación. Ahora sí corresponde. Estamos frente a un beneficio penitenciario técnico-administrativo del INPE, confío en su profesionalismo”.

VIRGILIO EN PALACIO

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El día viernes 19 de agosto, un día antes de la excarcelación de Humala, el premier Aníbal Torres recibió en su despacho de la PCM a Virgilio Acuña, ex congresista, vocero, amigo personal y aportante de dinero para el pago de la reparación civil de Antauro.

Como todos saben, Antauro es un viejo aliado político del presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Durante la campaña presidencial, ambos ofrecieron su liberación.

Como es natural, varios congresistas oficialistas celebraron la libertad del ex mayor.

Otro fue el temperamento en la oposición.

“Es una ofensa a la justicia y un insulto para las víctimas de la PNP”, declaró María Alva (Acción Popular).

“Y pensar que Cerrón, Bellido, el presidente Castillo y Virgilio Acuña consideran a

este bribón un prohombre de la patria”, expresó Carlos Anderson (no agrupado).

“Una clara jugada del gobierno. Nos muestran los dientes para asustar a la población”, comenta José Luis Gil, ex director de Inteligencia de la PNP.

Según Yeni Vilcatoma, ex congresista, “es el resultado de un negociado vergonzoso en un gobierno cuestionado por terrorismo, que busca incendiar el país”.