Al cierre de esta edición, uno de los dos técnicos en actividad de la Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra, Martín Fernández Virhuez, se encontraba negociando con las autoridades su posible acogimiento a la Ley de Colaboración Eficaz o, en su defecto, a la figura legal conocida como confesión sincera. Según nuestras fuentes, el aludido trabajador de la empresa Business Track S.A.C. (BTR) ha admitido todo lo dicho por el colaborador 917-2008 con respecto a que los audios del “petroescándalo” fueron grabados por BTR. El juez Edwin Yalico ha ratificado la detención, por diez días, de tres de los seis detenidos por este caso. Se trata del contralmirante AP (r) Elías Ponce, gerente general de Business Track S.A.C., el capitán de navío (r) Carlos Tomasio y la civil Guisele Mayra, quienes luego de rendir sus generales de ley fueron informados sobre las presuntas evidencias en su contra. Fuentes judiciales revelaron a Correo que entre las pruebas halladas se encuentran transcripciones así como también decenas de audios, muchos de ellos relacionados al “petroescándalo”. Asimismo, se encontró un equipo receptor escaner AOR-8600 en la casa de Carlos Tomasio y un aparato similar conectado al vehículo de placa LGH-350, propiedad de la citada firma, durante la allanamiento de siete domicilios. En el caso de los tres marinos restantes, el juez postergó su dictamen hasta el lunes debido a que los oficiales de mar Jesús Ojeda y Jesús Tirado (este último en situación de retiro) acudieron a la diligencia sin su abogado. ¿Quiénes pagaron los petroaudios? ¿Qué motivaciones políticas y/o económicas tuvieron los clientes de BTR para convertir un delito -como es la violación del secreto de las comunicaciones- en la primicia de corrupción que se tumbó a todo un gabinete ministerial del APRA? Al parecer, la comisión congresal que investiga el espionaje telefónico sobre este tema, presidida por el parlamentario Oswaldo Luízar, también seguía un dato similar al proporcionado por el colaborador 917-2008 ante la Fiscalía. Fue así que el 18 de noviembre pasado dicho grupo parlamentario solicitó a la Superintendecia de Banca y Seguros (SBS) el levantamiento del secreto bancario y todos los movimientos financieros (ingresos y egresos de las cuentas) de la empresa BTR y de sus fundadores, el contralmirante (r) Ponce Feijoo y el capitán de navío Carlos Tomasio. Movimientos inusuales. Lo que se busca es determinar qué empresas o personas naturales les pagaban por sus servicios y hasta el momento cinco entidades bancarias habrían respondido, lo que, según nuestras fuentes, representa el 60% de la información que esperan recibir. “Hasta el momento se puede afirmar que durante el periodo 2008 Business Track S.A.C. habría percibido por ventas líquidas más de S/.700 mil soles”, dijo un vocero de la comisión parlamentaria. Un tema que parece haber abierto los ojos de los congresistas de dicho grupo de trabajo es que, según los reportes, durante el mes de abril se registra la mayor cantidad de depósitos de dinero, aunque la mayoría pertenece a personas naturales y no a empresas. “Lo que estamos indagando ahora es a quiénes representan esos ciudadanos”, agregó la fuente. Toda la documentación la remitirían más adelante al juez Edwin Yalico con la finalidad de evitar la duplicidad de gestiones. Mientras tanto, viejas hipótesis y coincidencias sobre los clientes BTR -y quiénes no figuran formalmente como tales- alimentan las especulaciones en torno a este caso. Petrotech dice que no pagó chuponeo. Petrotech, el principal competidor de Discover Petroleum durante las licitaciones de los pozos petroleros, ratificó que contrató a BTR en el año 2006 pero, aclaró, que fue para que realice una auditoría de los sistemas de seguridad instalados en sus servidores de cómputo. “Nunca antes ni después hemos tenido relación con Business Track S.A.C”, afirmaron sus voceros a RPP. Por su parte, Eduardo Roy Gates, abogado del ex ministro de Agricultura Rómulo León Alegría, aseguró que su patrocinado fue quien proporcionó la información para capturar a los miembros de BTR. Precisó que el 11 de diciembre del 2008, durante su declaración indagatoria ante la Fiscalía, León sindicó a la mencionada compañía, “y específicamente al general (r) Elías Ponce y al comandante (r) Carlos Tomasio” de haber grabado los famosos petroaudios. Formalmente, según Registros Públicos, BTR tiene como objeto “brindar información y capacitación empresarial e industrial a personas naturales y jurídicas que les ayuden a la toma de decisiones, pudiendo importar o exportar suministros y equipos”. Es más, en la página web de dicha compañía figuran varias entidades -incluso estatales- como sus clientes. Coincidentemente una de ellas es el Estudio de Abogados Aurelio García Sayán, que tiene como uno de sus representantes legales a Martín Varillas Cueto, el gerente general de Petrotech. Ugaz, Meini y los audios. El colaborador eficaz de este caso dijo a la Fiscalía que en marzo del 2008 “el detenido Elías Ponce Feijoo -fundador de BTR- le entregó al oficial de mar en retiro Jesús Tirado Seguín seis páginas donde figuraban diferentes números telefónicos, celulares y físicos, con la finalidad de elaborar un flujograma de comunicaciones, tarea que tenía que ser entregada al día siguiente, siendo el teléfono principal el número correspondiente al hoy procesado Rómulo León”. También sostuvo que entre mayo y junio el aludido Jesús Tirado tuvo en su poder varios audios del “petroescándalo”. Reafirmó su testimonio proporcionando a las autoridades dos conversaciones grabadas y 13 transcripciones. Ocurre que justo en junio pasado el ex procurador anticorrupción Iván Meini le contó a la entonces jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Carolina Lizárraga, que tenía información (audios) sobre un caso de corrupción que involucraba a altos funcionarios del presente régimen. Como se recuerda, Meini ha negado que dicha información haya tenido que ver con temas petroleros, pero sus vínculos con José Ugaz -trabajó con él en la procuraduría ad hoc para los casos Fujimori/ Montesinos y luego en su estudio de abogados- alimentaron muchas suspicacias. Fue precisamente José Ugaz quien asumió cierto protagonismo durante la entrega de los “petroaudios” a los medios y a la Fiscalía como abogado del analista político Fernando Rospigliosi. En el 2003, durante la gestión del almirante Alfonso Panizo como cabeza del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), se vinculó a Ugaz con dos empresas supuestamente relacionadas con interceptaciones telefónicas. Paola Miranda Pilar Sánchez