La aprobación del dictamen que permite a las empresas privadas adquirir vacunas contra el COVID-19, con el fin de beneficiar a sus trabajadores y a sus familiares, ha originado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Congreso.
La iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento el último viernes por la noche, con 97 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Esta faculta a los gobiernos regionales y locales a adquirir dosis del inmunizante.
No obstante, la propuesta establece condiciones, entre ellas la de contar con la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para que -luego- el Gobierno dé luz verde a la empresa interesada y esta pueda presentar el expediente de la importación de la vacuna. Se contará con un plazo de siete días calendario para tal fin.
RÉPLICA. En respuesta, el titular de Salud, Óscar Ugarte, refirió que no existe ninguna ley o disposición del Gobierno que prohíba importar vacunas contra el COVID-19.
“La ley, que data del 2009, autoriza la importación”, aseveró desde Ate.
Ugarte advirtió que en el país hay 868 importadores de medicamentos y vacunas, pero que ninguno ha podido traer tales dosis.
“No es porque les hayan prohibido, es porque los productores de vacunas no están vendiendo a los privados, están vendiendo a los gobiernos”, afirmó.
En esa línea, el titular del Minsa refirió que los laboratorios ponen como condición que los gobiernos sean los responsables de los efectos secundarios de las vacunas, una medida que los privados no aceptan.
“Aprobar la reciente ley es reiterativa de lo que ya existe como marco legal”, puntualizó Ugarte.
Empresas deberán coordinar la distribución de vacunas con el Minsa.
SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE
Aprueban que privados compren vacunas, pero Minsa lo cuestiona
En respuesta al Congreso, ministro Ugarte asegura que importadores pueden traer las dosis, pero que no han podido adquirirlas