El congresista Héctor Becerril denunció que el Ministerio de Justicia está incurriendo en graves irregularidades durante el proceso de licitación para la construcción de dos megapenales en Ica y Arequipa.

Señaló que el ministerio está realizando el proceso a través de UNOPS -entidad de las Naciones Unidas que provee servicios de administración de proyectos- para evitar la fiscalización del Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE).

“El ministerio le saca la vuelta a la ley contratando a la UNOPS. Esa es una primera inconsistencia. Esto es sospechoso”, dijo.

Asimismo, advirtió que el Minjus ha contratado al asesor Rafael Rentería para que haga seguimiento al proceso, pero este “se ha reunido con representantes de las empresas Cosapi y Obrainsa”, ambas postoras.

“Hay un club de empresas que se ponen de acuerdo para ganar licitaciones, pero no han contado que una empresa pequeña iba a ofertar menos. Sabemos que ahora están viendo la fórmula legal para que vuelvan a ofertar y ajusten sus propuestas”, denunció. Según afirmó, la empresa Aldesa lanzó una propuesta de S/.338 millones para el penal de Ica y de S/.342 millones para el de Arequipa, mientras que Obrainsa lo hizo por S/.439 millones y Cosapi por S/. 435 millones, respectivamente.