La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, vendió su inmueble ubicado en Tacna el 18 de mayo de 2023, es decir, meses después de que se inició la investigación en su contra por el caso del golpe de Estado.

Para asegurar el pago de una eventual reparación civil por el proceso, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó que se anule la transferencia (compra-venta) de dicho inmueble que se hizo a la ciudadana Celestina Mamani Molinero por S/136,500 al contado, audiencia que se realizó hoy por la mañana.

Durante la sesión, la fiscal adjunta suprema provisional Sylvia Sack Ramos advirtió que la expremier Chávez simuló la venta de su casa con el objetivo de evadir un posible sanción en el proceso, incluso, no se cumplió con consignar los datos del medio de pago.

“El contrato de compra-venta realizada entre la investigada y Celestina Mamani se trataría de un acto de simulación absoluta, pues no se cumplió con las exigencias”, indicó.

Además, destacó que la venta se hizo por el mismo valor por el que Chávez Chino compró el inmueble en 2022, hecho que causa curiosidad pues “los bienes inmuebles con el tiempo se sobrevaloran”.

“Al haber realizado la transferencia del inmueble pone en riesgo una situación de insuficiencia patrimonial para responder a un eventual responsabilidad civil”, precisó.

Agregó que la excongresista Chávez estaría tratando de ocultar su única propiedad con el fin de evadir una posible sanción pecuniaria en el proceso en el que se encuentra inmersa.

Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, consideró que la Fiscalía tiene un “sesgo politizado” y pone en riesgo los derechos fundamentales.

“Rechazamos la politización y como la fiscal es intenta cuestionar esos derechos fundamentales, lo que tenemos aquí es una investigación la presunción de inocencia. Preocupa como lo político quiere asaltar lo jurídico”, indicó.