La presidenta Dina Boluarte dio muestras claras de que sus intenciones son las de obstruir las investigaciones que, por el caso “Rolex”, emprende la Fiscalía, afirman penalistas y constitucionalistas consultados por Correo.

Andy Carrión, Carlos Caro, James Rodríguez y Vladimir Padilla coincidieron en que dicha actitud de la jefa de Estado se evidencia en la omisión de entregar o mostrar sus joyas la noche del allanamiento a su domicilio de Surquillo y a su despacho en Palacio de Gobierno.

Para muestran un botón reciente: El viernes último, de acuerdo con el acta respectiva, que difundió Cuarto Poder, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza le pidió a la jefa de Estado entregar sus relojes, pero ella respondió que la diligencia no era de exhibición sino de allanamiento. En otras palabras, el Ministerio Público debía buscar tales accesorios.

Pese a esta postura inicial, ayer Dina Boluarte pidió adelantar su declaración ante la Fiscalía (ver ángulo).

CUESTIONAMIENTOS.

El penalista Andy Carrión refirió que la conducta que muestra la presidenta, al no exhibir los Rolex, constituyen a actos de “rebeldía”, como lo señaló días atrás el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

“Si esa calificación lo llevamos al plano jurídico, entonces estaríamos hablando de una obstrucción a la justicia”, aseguró a Correo.

Lo mismo opinó su colega Carlos Caro Coria. Aseguró que esto suele ocurrir en ciertas investigaciones en las que los imputados ocultan información para que la Fiscalía no pueda probar la existencia del dato o probar el delito.

No obstante, aseguró que en el Perú no existe la práctica de que los fiscales denuncien la obstrucción a la justicia contra el investigado, o si este destruye o desaparece las pruebas, porque no hay “jurisprudencia”.

“No hay precedentes (de casos pasados) que hayan zanjado eso con claridad”, advirtió a este diario.

Consultado sobre el caso, el penalista Vladimir Padilla manifestó que queda claro que al no haberse encontrado los bienes que ella sí exhibe públicamente, y que señala como propios, “se denota el ocultamiento con una única posibilidad, y es la de no esclarecer el origen”.

“Debemos acotar que a diferencia de otros casos, aquí ella debe demostrar como los adquirió, porque evidencia un incremento patrimonial desmedido que no corresponde a sus ingresos. Peor aún, cuando se evidencia que uno sería de adquisición reciente y que ella no lo habría realizado”, explicó.

Similar fue el parecer del abogado James Rodríguez. Consideró que hay obstrucción a la justicia y falta de colaboración a las pesquisas de parte de la jefa de Estado.

A su turno, el constitucionalista Luciano López sostuvo que sí hay una obstrucción a las indagaciones de parte de la mandataria, pero, además de ello, hay un intento por desinformar y victimizarse ante la ciudadanía.

“Su mensaje a la nación fue una clara conducta de desinformación pública, más bien con intereses políticos con ella y de no colaboración con la justicia. Eso es bastante claro”, cuestionó.

Su colega Alejandro Rospigliosi también rechazó las trabas a la pesquisa fiscal.

Por su parte, el penalista Humberto Abanto opinó que Boluarte ha dado muestra de una incompetencia política pasmosa.

¿AHORA QUÉ?

Carrión estimó que partir de ese comportamiento, la Fiscalía deberá requerir toda información de los potenciales donantes o presuntos prestatarios de los relojes, como posiblemente lo podría ser de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Se sabe que Oscorima es aliado y visitante asiduo de Dina Boluarte. De acuerdo con la emisora Estación Wari, Oscorima, regaló en 2010 dos Rolex a magistrados de la Corte Superior de Justicia de esa región, por permitirle participar en las elecciones que lo hicieron gobernador.

Según Carrión, el Ministerio Público podría, incluso, solicitar una detención preliminar contra Wilfredo Oscorima con el fin de continuar con las investigaciones.

“Esa medida no se puede dar contra presidentes, pero es usual que, luego de incautaciones o allanamientos, se solicite detenciones”, dijo.

Carlos Caro señaló que antes de acabar la etapa preliminar, la Fiscalía podría pedir, en efecto, la detención de algunos imputados para que “confiesen y con eso vayan a la preparatoria”.

El especialista explicó que lo que tocará es que el Congreso tramite una futura acusación constitucional, como lo hizo con los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

“La Fiscalía tiene que acabar la etapa preliminar y, tras ello, podrá formular acusación constitucional. En el Congreso de la República se tendrá que tramitar la denuncia como se hizo con otros expresidentes”, concluyó Caro.