La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que Human Rights Watch (HRW) “es una ONG” y que las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en su país están siendo investigadas, luego de que el organismo exhortó al Gobierno a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales para investigar el caso.

”(HRW) es eso, una ONG, y acá en el territorio nacional cada institución tiene autonomía”, enfatizó la gobernante durante una rueda de prensa en la que respondió a una consulta sobre un informe que presentó este miércoles el organismo.

En su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, HRW denunció el “uso excesivo de la fuerza, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales” en el contexto de las manifestaciones sociales.

La gobernante afirmó, al respecto, que el Gobierno “respeta la autonomía” del Poder Judicial y de la Fiscalía, tras lo cual agregó que “este tema de investigación toma su tiempo” y se están dando “todas las facilidades al Ministerio Público para que pueda ejercer su trabajo de manera independiente y en libertad”.

El ministro del Interior, Vicente Romero, añadió que “las investigaciones están en curso aún, hay personas identificadas por la Fiscalía, pero aún no se ha llegado a una determinación” de responsabilidades.

”Nosotros estamos trabajando de forma transparente”, dijo antes de pedir que “tengan la plena seguridad de que no va a haber ningún tipo de encubrimiento si es que hubiera algún tipo de responsabilidad”.

El informe de HRW señaló una “aparente pasividad” del Gobierno ante los “abusos” cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas que azotaron al país y que eso reveló una “posible negligencia o incluso complicidad” de las autoridades.

Recordó que los enfrentamientos con agentes y militares dejaron 1.300 heridos y 49 civiles muertos, 8 de ellos menores de edad, e insistió en señalar el uso de “fusiles de asalto y armas cortas” por parte de las fuerzas de seguridad.

La investigación concluyó que al menos 39 personas murieron por herida de bala y otras 5 por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas, mientras que un manifestante “es probable que haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia”.

”Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable”, aseveró.

Fuente: EFE