El exsecretario presidencial Bruno Pacheco se apersonó a las oficinas del Ministerio Público, el último martes 23 de noviembre, para entregar su celular con el objetivo de que peritos de la fiscalía investigue sus conversaciones con el jefe de la Sunat, Luis Vera Castillo, en el marco de la investigación por presunto delito contra la administración pública.

Sin embargo, el exbrazo derecho del presidente Pedro Castillo presentó un equipo móvil totalmente nuevo y cuyo interior estaba completamente vacío, según informó Panorama.

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Bruno Pacheco argumentó ante los fiscales que se compró un nuevo celular debido a que un día antes -el lunes 22 de noviembre- “lo había perdido”.

Pero el funcionario, que también es investigado por la fiscalía de la Nación por enriquecimiento ilícito, no presentó ningún documento o denuncia policial por pérdida de celular que avale sus palabras.

El equipo móvil, cuyo número usa desde el 2015, es vital para la investigación, pues a través de dicho aparato se podría constatar y conocer las comunicaciones irregulares que habría cometido el exsecretario presidencial.

Panorama indicó que el último 1 de diciembre, el abogado Hugo Félix Mendoza renunció a continuar en el patrocinio de Bruno Pacheco por diferencias en “estrategias” de defensa.

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Ese día también se conoció que se ha solicitado un impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco, afirmó el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, a RPP.

“Dentro de todas las diligencias que viene realizando el Dr. Marco Huamán, se encuentra una solicitud ante el Poder Judicial para un impedimento de salida. Estamos a la espera de la resolución que emita este órgano para poder sobre ello avanzar en las diligencias que tenemos programadas”, manifestó el fiscal.

En el marco de este caso fue que se encontró los US$ 20 mil en un ambiente utilizado por Pacheco Castillo en Palacio de Gobierno. La fiscalía desarrolla una investigación reservada por presuntas presiones ante la Sunat para favorecer a empresas privadas.

La investigación se da por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado, en la modalidad de tráfico de influencias, atribuido al exfuncionario y quienes resulten responsables.

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