El Partido del Buen Gobierno (PBG) presentó un proyecto de ley para reducir las facultades de fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) receptoras de fondos extranjeros.

La iniciativa impulsada por los diputados Romina Uribe y Fernando García busca derogar la Ley 32301 y restituir el marco legal anterior a su aprobación.

Cambios

La propuesta elimina la “conformidad previa” que la APCI otorga antes de ejecutar proyectos.

También suprime la infracción que castiga financiar acciones contra el Estado. Asimismo reduce su multa máxima de 500 a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

El articulado deja sin efecto la cancelación del registro por reincidencia en faltas muy graves, y excluye la obligación de registrar la ejecución del gasto financiado con cooperación privada.

Asimismo, el texto restituye el Comité Consultivo con representantes de la sociedad civil y de las regiones. La agencia conserva el registro obligatorio y su potestad sancionadora.

El documento sostiene que la APCI realizó 577 acciones de fiscalización en 2025. Dicha cifra superaría en 205% las 189 de 2024 y en 846% las 61 de 2020.

Además, la bancada del PBG le da 30 días calendario al Ejecutivo y a la Cancillería para adecuar los reglamentos.

Conflicto

El senador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) cuestionó los mecanismos de supervisión que el PBG busca modificar mientras amenaza el Fenómeno de El Niño. “Es cuestionable este empeño por derogar íntegramente una ley que reforzó los controles sobre el financiamiento extranjero”, escribió en X.

Uribe respondió que “de ninguna manera planteamos eliminar la fiscalización ni las sanciones a quienes cometen irregularidades”.