La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha encendido todas las alarmas. La sociedad de la mayoría de sus miembros con la minería ilegal quedó al descubierto cuando el último martes, por mayoría, aprobó un polémico dictamen que propone modificar la vigencia de las concesiones mineras.

Se trata de la reforma a la Ley General de Minería que hoy avanza en el Parlamento y replica en gran medida las propuestas del plan de gobierno de Juntos por el Perú (JPP), cuyo candidato presidencial, Roberto Sánchez, ha sido asociado a peligrosos sectores informales.

Similitud

El plan de Juntos por el Perú ha incluido en los últimos años el manejo de la Comisión de Energía y Minas. Desde allí, ha buscado favorecer, por ejemplo, a los excluidos del Reinfo y a todo aquel que pueda canibalizar las concesiones minaras. Por eso colocó bajo la presidencia a Víctor Cutipa, que ha dirigido el grupo de trabajo para cumplir determinados fines.

Por ejemplo, replicar en los cambios a La Ley General de Minería lo que señala la página 47 del plan de gobierno de Juntos por el Perú.

Al igual que en ese plan, el dictamen aprobado define con precisión las áreas “ociosas” y usa ese criterio para sustentar la caducidad.

“Se considera concesión minera ociosa a toda área concesionada en la que no existe ninguna inversión y/o trabajo de actividad minera, cuando el titular mantiene retenida su concesión solo con el pago de penalidades, después del vencimiento del décimo año en que se exige el cumplimiento de la producción mínima hasta el límite de treinta años”, explica el PL 12273/2025-CR promovido por Sánchez.

Este criterio se complementa con la obligación de alcanzar la producción mínima antes de los ocho años y prohíbe terminantemente que una concesión se mantenga improductiva más allá del décimo año.

En esa misma línea, el plan de gobierno de JPP plantea como eje que “no existirán concesiones ociosas” y atribuye este problema a un modelo que permite retener áreas hasta por 30 años, limitando el ingreso de nuevos operadores.

Además, en el PL 13481/2025-CR de Wilson Quispe (JPP) se propone que las concesiones extinguidas se adjudiquen prioritariamente a cooperativas mineras y pequeños productores, en línea con el plan partidario, que establece el mismo destino para esas áreas.

“Las concesiones extinguidas pasarán a control del Estado para ser otorgadas a pequeños mineros asociados en cooperativas”, se indica en la política de gobierno del grupo de izquierda.

Asimismo, en el plano económico, el plan de JPP plantea como meta que el “100% de las concesiones extinguidas pase al control del Estado”, para luego redistribuirlas bajo un esquema de propiedad social.

En una línea similar aparecen estas propuestas en el plan de gobierno de Podemos Perú. En la página 44 se prioriza la recuperación de concesiones mineras ociosas para el interés público.

“Evitar que los recursos minerales queden paralizados o capturados por la especulación”, argumenta.

Una “contribución” a la nueva ley es el PL 12708/2025-CR presentado por Guido Bellido (Podemos Perú) y que propone asegurar que los rendimientos de los recursos naturales “beneficien a los territorios”.

El dictamen se alinea con esto al especificar que los beneficios de los acuerdos (como fondos de desarrollo comunal o fideicomisos) deben destinarse exclusivamente al desarrollo de la comunidad en temas de salud, educación e infraestructura básica.

Votos

Finalmente, el dictamen se aprobó el martes con once votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

Respaldaron la propuesta los congresistas de Acción Popular (Carlos Alva), Podemos Perú (Guido Bellido y José Arriola), Somos Perú (Elizabeth Medina y Héctor Valer), Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (Víctor Cutipa y Roberto Sánchez), entre otros legisladores de izquierda.

En tanto, Esdras Medina y Miguel Ciccia (Renovación Popular), así como Jorge Montoya (Honor y Democracia), se abstuvieron.

En declaraciones a Correo, el congresista Ciccia afirmó que el voto para el dictamen de su bancada sería a favor en el pleno. “Hay que sacar adelante nuestra minería”, sostuvo.

Añadió que la iniciativa busca frenar el uso indebido de concesiones por parte de titulares que no realizan actividad minera real.

Aquí cabe recordar que el partido de Rafael López Aliaga tuvo en sus filas al presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú), Máximo Franco Bequer, y a otros seis dirigentes de este grupo, todos defensores de la ampliación del Reinfo.

Riesgo

Respecto a este dictamen, el especialista en temas mineros y ambientales César Ipenza consideró que la propuesta carece de sustento técnico y podría generar efectos adversos en el sector.

“Lo que hacen es hacerle el juego y facilitar el camino a la minería informal y hacer que invada concesiones formales porque esta iniciativa, de alguna manera, genera un incentivo para hacerse de concesiones en un futuro. Entonces, desincentiva la inversión minera”, dijo a este Diario.

Acerca de las motivaciones para impulsar esta iniciativa pese a los riesgos advertidos, señaló que respondería a un cálculo político en un contexto electoral.

“Buscan congraciarse con la minería informal porque estamos en un escenario político y electoral. Y, obviamente, piensan que así obtendrán el respaldo de ese sector”, mencionó.

Ipenza aseguró que la iniciativa responde más a intereses políticos que al bienestar del país.

“Aquí no interesa el país, simplemente interesa hacerse de votos y seguir manteniéndose en el poder. Pese a todos los tremendos errores y mala gestión que ha realizado el Congreso, siguen insistiendo en diezmar el país, siguen imponiendo sus intereses personales versus los intereses de todos los peruanos”, advirtió.

Además, sostuvo que la iniciativa podría restarle competitividad al país y generar mayores conflictos en el sector.

“Un proyecto minero no se desarrolla de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso de trabajo de exploración que es un trabajo técnico y de larga data, de bastante tiempo”, explicó.

Ipenza consideró el riesgo de posibles afectaciones a las poblaciones vinculadas a los proyectos mineros. “Esto nos demuestra que aquellos que están legislando no entienden cómo funciona la actividad minera formal. Y por eso vienen con esta excusa de concesiones ociosas o de acaparamiento, que es totalmente falso e inexacto”, señaló.