El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea Franco, reafirmó ayer sus críticas contra el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte y que, en su momento, calificó como una “inaceptable violación de nuestra soberanía política”.

Al ser cuestionado sobre la postura que mostró cuando no era parte del Ejecutivo, el flamante canciller sostuvo que se reafirma “en toda la extensión” de lo que afirmó en una publicación.

“Me ratifico en lo que dije en ese artículo. Entonces opinaba Javier González-Olaechea, ahora es el ministro; pero me ratifico en los contenidos, en toda la extensión”, aseveró a RPP.

LA COLUMNA.

Pero, ¿qué fue lo que manifestó el nuevo encargado de la diplomacia peruana sobre el informe de la CIDH?

En una columna titulada El Informe, publicada en el diario El Comercio el 11 de mayo pasado, González-Olaechea Franco señaló que el documento elaborado por la CIDH “no es un pronunciamiento jurídico, es un recuento selectivo e impregnado de apreciaciones políticas”.

También sostuvo que, en su informe, “la CIDH viola el principio de inocencia de los uniformados cuando afirma: ‘hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales’... (y que) no manifiesta ningún respeto por los militares que murieron ahogados evitando a la turba que los perseguía”.

Tras asegurar que había leído el informe del organismo de derechos humanos “tres veces”, el canciller subrayó que el documento “había omitido cosas importantes y había dicho medias verdades”.