La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó variar la condición de testigos a investigados a Elizabeth Añaños, Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo, exviceministra, ministro y exjefe de asesores del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.

La decisión se adoptó en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín.

El pasado 15 de setiembre el pleno del Congreso aprobó dar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para indagar supuestas irregularidades en proyectos en localidades como Anguía y Chadín. La decisión se tomó por 71 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones.

Esta investigación se suma a la que se sigue por la supuesta “organización criminal familiar” que lideraría el presidente Pedro Castillo e integrarían miembros de su familia, como su esposa, cuñada y sobrinos.

Como se recuerda, la hipótesis de la Fiscalía señala que el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal que operaba en el Ministerio de Vivienda, cuando el sector era dirigido por Geiner Alvarado. En dicha red delictiva también estarían involucrados la primera dama, Lilia Paredes, y sus hermanos Yenifer, Walter y David.

De otro lado, la comisión acordó citar de grado o fuerza al expresidente Martín Vizcarra con el fin de que responda sobre las presuntas compras irregulares durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien preside la comisión, lamentó que el exmandatario, quien acudió al Congreso junto a su abogado el último viernes, haya tomado la decisión de retirarse sin brindar ningún tipo de testimonio.

“El exmandatario ha faltado hasta en cuatro oportunidades con el argumento de que no tenía abogado, está obstaculizando el desarrollo de estas investigaciones”, expresó durante la sesión.

Finalmente, Ventura Ángel dejó en claro que la medida tomada se da en el marco de la Constitución y el reglamento interno del Congreso de la República.

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