La investigación congresal que desarrolló Esdras Medina (Unidad y Diálogo) por la denuncia 373, formulada en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), arrojó que los siete magistrados deben ser acusados constitucionalmente ante el Pleno del Congreso por infringir la Constitución.
La acusación a la que accedió Correo tiene que ver con la publicación de una resolución -emitida el 23 de octubre del 2020- que favoreció indebidamente a Inés Tello, para forzar su permanencia en la institución, pese a contar más de 75 años, la edad límite para ostentar el cargo.
Los imputados en delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo y negociación incompatible son, principalmente, Imelda Tumialán (expresidente de la JNJ) y Aldo Vásquez (vicepresidente) al ser voceros de la institución. También están comprendidos en esos supuestos Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
“Una primera cuestión es sobre la naturaleza del límite superior etario de 75 años. A este respeto debe señalarse que, de los medios probatorios actuados, se tiene que dicho límite superior etario fue considerado unánimemente por los integrantes de la Comisión Especial para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (artículo 155 de la Constitución), quienes así lo expresaron en la audiencia pública realizada el 15 de diciembre de 2023, donde de manera inequívoca e inobjetable se pronunciaron sobre dicho requisito como una condición de entrada o acceso y como una condición de permanencia en acatamiento de la formula constitucional que, de manera expresa establece “para ser miembro”, lo cual implicaría que si un miembro de la JNJ se encuentra fuera de los rangos etarios señalados constitucionalmente pierde dicha condición”, reza el informe final.
En tal sentido, un extremo del informe alcanza a Inés Tello por vulnerar los requisitos para ser integrantes de la JNJ y también por la probable comisión de delitos de “usurpación de funciones, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible (...) regulados en artículos 361, 376, 381, 398 y 399 del Código Penal”.
La investigación recomienda que se remita el informe al Ministerio Público para la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían al no aforado Juan Carlos Cortes Carcelén, actual secretario general de la JNJ.
Se presume que Cortes Carcelén, quien se desempeñó como expresidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), “habría laborado como consultor para la Comisión Especial (que elige a los integrantes de la JNJ) implicando su participación en la evaluación y desarrollo de exámenes de los postulantes” y que luego de ese proceso fue aparentemente premiado por Aldo Vásquez en la Secretaría General de la JNJ.
En la víspera, los integrantes de la JNJ solicitaron que Medina se aparte del proceso que sigue dentro de la SAC por considerar que adelantó opinión en varias oportunidades.
El oficio fue enviado el 31 de enero a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones. En él se deja sentada la firma de los siete integrantes de la institución y entre sus argumentos señalan que el legislador ha incurrido “de e modo flagrante en adelanto de opinión respecto de las indagaciones que le han sido encomendadas”.
