El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido presentado por la defensa de Nicanor Boluarte Zegarra para archivar la investigación que afronta por el presunto delito de organización criminal en el caso denominado Los Waykis en la Sombra. Con esta decisión, el hermano de la presidenta Dina Boluarte continuará siendo investigado por el Ministerio Público mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La resolución fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa. Según el magistrado, los hechos atribuidos por la Fiscalía sí tienen contenido penal y deben seguir siendo analizados dentro del proceso.

¿Qué argumentos presentó la defensa de Nicanor Boluarte?

La defensa de Nicanor Boluarte argumentó que la Fiscalía había modificado en varias ocasiones la calificación jurídica del caso sin incorporar nuevos hechos. En esa línea, sostuvo que la presunta finalidad de la organización investigada estaba relacionada con actividades políticas vinculadas al partido Ciudadanos por el Perú.

Sin embargo, el juzgado concluyó que estos cuestionamientos no justifican el archivo del caso. Asimismo, precisó que el Ministerio Público puede realizar adecuaciones jurídicas durante la investigación siempre que no altere los hechos materia de imputación.

Hipótesis de la Fiscalía

De acuerdo con la investigación fiscal, la presunta organización habría operado desde diciembre de 2022 mediante una red integrada por funcionarios públicos y particulares. El objetivo habría sido ejercer influencia en la designación de prefectos y subprefectos para obtener beneficios económicos y respaldo político para Ciudadanos por el Perú.

Las pesquisas incluyen presuntos aportes económicos para la agrupación política, la captación de afiliados y posibles influencias en diversas entidades estatales. Entre las regiones comprendidas en la investigación figuran Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca.

¿Por qué el PJ rechazó la solicitud de archivo?

Uno de los argumentos de la defensa fue que la finalidad atribuida a la presunta organización era política y no económica. No obstante, el juez señaló que la investigación no se centra en actividades partidarias, sino en una supuesta utilización de cargos públicos para obtener beneficios indebidos.

La resolución también indica que los hechos descritos por la Fiscalía podrían encajar en delitos previstos en el Código Penal. Por ello, el Poder Judicial determinó que existen elementos suficientes para que la investigación continúe y se esclarezcan las responsabilidades de los involucrados.

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