Caso Metro de Lima: Los Graña impedidos de salir del país por 36 meses
Caso Metro de Lima: Los Graña impedidos de salir del país por 36 meses

El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dictó las medidas de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses, además de comparecencia restringida, para los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña.

Concepción Carhuancho tomó esta decisión tras evaluar, en audiencia pública, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y de la defensa de los investigados, por presuntamente recibir sobornos de por el caso Metro de Lima.

La comparecencia restringida comprende una serie de reglas de conducta, entre las cuales destaca la obligación de pasar por el control biométrico cada 30 días, no ausentarse de la localidad sin previa autorización judicial, presentarse ante la autoridad judicial o fiscal cada vez que sea requerido y no comunicarse con los demás coinvestigados.

También deberán pagar una caución en un plazo de 45 días: en el caso de José Graña, S/1 millón, y de Graña Acuña, S/250 mil.

Investigación

El fiscal José Domingo Pérez señaló que José Graña Miró Quesada y Humberto Graña Acuña habrían incurrido en un pacto colusorio con el consorcio Tren Eléctrico, en donde participaban junto a Odebrecht, para la adjudicación de dos licitaciones del Metro de Lima, en el gobierno de Alejandro Toledo.

Además, Pérez dijo que ambos investigados habrían "convertido" el dinero ilícito de Odebrecht en un "ropaje jurídico" de riesgos adicionales. Dinero ilícito que, según las pesquisas, habría sido parte de las coimas que recibió el expresidente Toledo.

Por tal motivo, el representante del Ministerio Público les imputa los delitos de colusión (cómplices) y lavado de activos (autores).

La defensa de los investigados se allanó al pedido de impedimento de salida del país y recordaron que sus patrocinados están en condición de colaboradores eficaces ante la fiscal Geovanna Mori por el caso Gasoducto del Sur.

Revelaciones

Paralelamente, el empresario José Graña Miró Quesada acudió a ofrecer su declaración en calidad de testigo, al despacho del fiscal José Domingo Pérez, por el caso Keiko Fujimori.

Trascendió que Graña declaró que la Cámara Peruana de la Construcción entregó 240 mil dólares a la Confiep en procura de mantener el modelo económico y la libre empresa durante la campaña del 2011.

Nota previa

El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado dicta comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, esto por el caso Metro de Lima.

El magistrado tomó esta decisión tras evaluar los alegatos del fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez y de la defensa de los investigados por los delitos de colusión y lavado de activos. Concepción impuso además el pago de una caución de un millón de soles que deberá abonar José Graña en 45 días y en el caso de Humberto Graña la suma de 250 mil soles.

Foto: Gabriel Mazzei

El fiscal Pérez imputa que ambos investigados habrían incurrido en un pacto colusorio para favorecer al consorcio Tren Eléctrico, en donde participaba Odebrecht, que consistió en el pago de coimas a funcionarios públicos en dos licitaciones del Metro de Lima.

Graña Miró Quesada y Graña Acuña son acusados del presunto delito contra la administración pública - colusión y lavado de activos "cometidos en las modalidades de actos de conversión en agravio del Estado". Cabe indicar que en diciembre del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva de los exejecutivos de Graña y Montero, por 18 meses.

En agosto pasado, Jorge Barata, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez que Graña y Montero también habría pagado sobornos por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. El exejecutivo manifestó aquella vez que la empresa peruana entregó US$3 millones en sobornos bajo el concepto de distribución de riesgos por el proyecto y por los sobrecostos que se generaron en este.