Redacción Diario Correo

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó archivar en primera instancia la causa penal contra el chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, José Luis Bernaola Ñuflo, por el delito de lavado de activos cometido en organización criminal, por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht en marco del caso Lava Jato.

Asimismo, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso el levantamiento de las medidas coercitivas dictadas en contra Bernaola o sus bienes, la igual que la anulación de los antecedentes policiales y judiciales relacionados a dicho proceso.

Además, el juez Chávez Tamariz dictó esta resolución luego del pedido de sobreseimiento de estos delitos que presentó la defensa de Bernaola.

El magistrado comentó en la audiencia virtual que la defensa legal del chofer de PPK presentó este recurso alegando que no existen pruebas para imputar a su representado de haber recibido pagos que ascenderían a US$10.620,70, entre enero y abril del año 2017.

“No se ha demostrado, menos advertido de las declaraciones o actuaciones, que tuviera conocimiento de estructuraciones financieras como actos complejos, y de actuaciones nacionales o internacionales, que le competen al acusado Kuczynski Godard”, sostuvo el juez.

En una entrevista con RPP, Julio Midolo, abogado de José Luis Bernaola, dijo que debido a la resolución del juez, su representado fue excluido del juicio oral para determinar si es responsable o no.

“Lo que ha señalado (el magistrado) es que la Fiscalía no tenía argumentos suficientes para solicitar una pena de 11 años y seis meses contra el señor Bernaola y, como consecuencia de esto, el señor Bernaola ya no tiene que pasar a un juicio oral para que se resuelva si es o no es responsable”, manifestó.

El letrado no descartó que su patrocinado pueda solicitar una reparación civil por los perjuicios que habría sufrido en el proceso.

“Yo creo que definitivamente sí (se debe pedir reparación civil), se le ha perjudicado al señor y hay un perjuicio económico, moral, personal y familiar, que en su oportunidad debe ser resarcido por el Estado”, agregó.

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