El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, rechazó el último pedido de Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi , quienes buscaban afrontar en libertad el proceso por lavado de activos en el caso Odebrecht. La resolución N° 3 del 22 de diciembre de 2025 declaró infundada la solicitud presentada por sus abogados Luis Alberto Pacheco Mandujano y José Luis Francia Arias.​

¿Por qué fue rechazado el pedido?

La defensa alegó el transcurso de más de seis años y cinco meses de investigación sin cese, la edad avanzada de sus clientes (71 y 73 años), su condición de pacientes oncológicos, la caducidad de la prisión preventiva por la Ley N° 32,130 y presuntos intereses mediáticos y políticos del Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz determinó principalmente que ambos procesados no fueron privados de su libertad, puesto que hasta la fecha permanecen en condición de prófugos.

Por otro lado, el magistrado señaló que los argumentos sobre la salud y edad de los investigados, tampoco corresponden a elementos nuevos que justifiquen la variación de medida y que no existe justificación médica reciente que los respalde.​

Juez desestima jurisprudencia extranjera

Los abogados citaron casos como Guzzardi v. Italia del TEDH y P v. Cheshire West del Reino Unido para argumentar “prisión fáctica” por clandestinidad. Sin embargo, ejuez los descartó por no ser vinculantes, tener hechos distintos (menores con discapacidades bajo tutela estatal) y carecer de respaldo en jurisprudencia peruana.​

“No estamos sometidos a presiones externas ni internas al resolver una controversia, esto incluye incluso a las actuaciones de las partes procesales o ajenos interesados a ellas como personas naturales y jurídicas, entonces, si los abogados quieren cuestionar las actuaciones del Ministerio Público conocen el modo pertinente el camino que no es a través de este despacho, pues no es un rol actuar como mesa de partes para las responsabilidades administrativas que tengan lugar", responde Chávez Tamariz en la resolución.

El documento detalla los cargos específicos contra Monteverde y Carmona por lavado de activos dentro de una organización criminal

• Liderazgo de estructura criminal para fines ilícitos de Odebrecht.
• Generación de activos vía contratos ficticios en el Departamento de Operaciones Estructuradas.
• Recepción de dinero ilícito para sobornos a funcionarios y financiamiento político.
• Adquisición de bienes y constitución de empresas con fondos provenientes de Odebrecht.​

Cabe señalar que, Monteverde se encuentra en condición de no habido desde febrero de 2019, habría recibido US$ 29 millones de la “Caja 2” de Odebrecht entre 2007 y 2015, según la imputación fiscal.​