Caso ‘Richard Swing’: pleno del Congreso sesionará este jueves y viernes y debatirá el informe final de la Comisión de Fiscalización

El pleno del Congreso de la República sesionará este jueves y viernes y debatirá el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, documento que incluye el Caso Richard Swing y sindica responsabilidades al expresidente Martín Vizcarra.

Pese a que en la agenda de trabajo no se especifica qué día se revisará este tema, está previsto debatirlo en alguna de las dos sesiones convocadas a las 9 de la mañana por la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez.

Esta reprogramación se da luego que el nuevo presidente del grupo de trabajo Héctor Maquera (Unión por el Perú), informó que no se había completado la transferencia del cargo, tras su designación en reemplazo de Edgar Alarcón.

Según manifestó el congresista, tanto en un oficio enviado el 12 de abril a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, como en su intervención en el pleno del día siguiente, todavía no había recibido la documentación relacionada al caso porque aún no tomaba posesión de la oficina de la presidencia de ese grupo parlamentario.

“Aún no se ha transferido toda la documentación necesaria que debe haber en las oficinas de la Comisión de Fiscalización. No se nos ha transferido, no he podido ocupar la oficina. Esa es la razón por la cual está pendiente (y pido) se reprograme este caso ya agendado sobre el caso Richard Cisneros”, indicó Maquera.

El informe final de la investigación sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, documento que incluye el Caso Richard Swing y sindica responsabilidades al expresidente Martín Vizcarra, recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como por “liderar una organización criminal”.

Considera también que “corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.

A Vizcarra se le imputa el presunto delito de encubrimiento real en dicho caso y otros presuntos ilícitos en torno a distintas contrataciones de allegados en otros sectores. En esa línea, se sugiere realizar acusaciones constitucionales para exministros de Agricultura, Cultura, Transportes, Vivienda, Educación y Defensa.